Por Rafael Cerame
Hace unas horas cobró efectividad la orden emitida por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de cerrar la frontera de su país con Haití, en respuesta a la improvisada construcción de un artesanal canal que tendría el efecto de alterar el curso del río Dajabón, que nace en las montañas dominicanas y discurre en una pequeña porción del territorio haitiano.
La controversial construcción del canal inicialmente fue atribuida a empresarios agrícolas de la región fronteriza haitiana, indicando el «gobierno» de ese país que se les dificultaba interactuar con ellos para detener dicha obra. Posteriormente, en una declaración oficial, las autoridades de Haití reclamaron el derecho soberano de ese país para hacer uso de aguas en su territorio.
Tratados internacionales disponen que las aguas de ríos que comparten más de un país requieren de un mutuo acuerdo para alterar su curso y/o desarrollar proyectos de infraestructura utilizando dicho recurso natural.
En el caso del río Dajabón – llamado «Masacre» en referencia a sangrientos eventos que culminaron en una matanza de ciudadanos haitianos ordenada por el dictador Rafael Leonidas Trujillo en el 1937 – el mismo se origina y desemboca al mar en territorio de la República Dominicana.
Para resolver una controversia como la que se está desarrollando en esa frontera se requiere un diálogo entre las partes. En ese sentido, la República Dominicana está representada por un gobierno debidamente constituido. Ese no es el caso de Haití, dónde impera un caos institucional.
El 7 de Julio del 2021 fue asesinado el presidente de Haití Jovenel Moise. Al momento NO existe un presidente en ese país, ni cuentan con una legislatura en funciones. La representación de su gobierno recae sobre la débil figura de un Primer Ministro, Ariel Henry, asediado por las organizaciones de narcotráfico que controlan ese país mediante el terror y la violencia provocadas por sus bandas criminales.
La permanencia del caos y el desorden es el escenario perfecto que necesitan las organizaciones del narcotráfico que han establecido en Haití su centro de operaciones y transbordo de droga hacia Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Esos poderes terroristas son los que día tras día fomentan la permanencia de un narco-estado en Haití, el cual les sirve para sus multimillonarios intereses, en conexión permanente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y los grandes carteles mejicanos con sus satélites en Colombia, Nicaragua y Cuba.
La única salida para liberar al golpeado pueblo haitiano del poderoso narcotráfico establecido en su territorio, radica en una intervención militar humanitaria, como en múltiples ocasiones ha reclamado el presidente Luis Abinader, y dar comienzo a un proceso de pacificación social que permita la celebración de elecciones en Haití.
En este momento el gobierno de la República Dominicana no tiene con quien sentarse a dialogar en representación de Haití que tenga una autoridad real para definir una solución al conflicto relacionado al río «Masacre».
Esta crisis en la frontera debe servir para nuevamente alertar a la comunidad internacional sobre la necesidad de proceder con una intervención para rescatar al pueblo haitiano de las garras del narcotráfico. Esa intervención la deben encabezar los Estados Unidos y naciones aliadas, ya que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad de todos los gobiernos democráticos y libres del mundo.
La liberación de Haití del narcotráfico es una responsabilidad mundial y para eso la comunidad internacional NO puede pretender diseñar una solución dominicana a la crisis haitiana.
Por décadas la República Dominicana ha asumido demasiados problemas de la sociedad haitiana, de manera solidaria, pero injusta para los intereses dominicanos. El momento para que la comunidad internacional actúe es ahora.