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Por Rafael Cerame

El próximo domingo se efectúan las Elecciones Presidenciales en Costa Rica. Se anticipa que en dicho evento ningún aspirante presidencial obtendrá el 40% requerido para resultar electo, por lo que la atención se concentra en determinar cuales serán los dos candidatos que disputarán la presidencia de Costa Rica en la segunda vuelta electoral pautada para el 3 de abril.

En Costa Rica no se permite la reelección presidencial consecutiva. Una cifra record de 25 candidatos se disputarán el domingo la presidencia del país centroamericano. 

Los índices de popularidad del actual presidente Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana, son negativos respecto a la aprobación de su gestión gubernamental. Debemos señalar que Acción Ciudadana es el partido oficialista desde el 2014, bajo los gobiernos del presidente Luis Guillermo Solís Rivera y el mandato que culmina ahora el presidente Alvarado Quesada. 

Dicho partido oficialista, de corte centro-izquierda, está afiliado a la Alianza Progresista, organización internacional dominada por partidos socialistas. En la elección presidencial del próximo domingo, Acción Ciudadana presenta como su candidato a Welmer Ramos González, ex ministro de economía, industria y comercio en la Administración de Guillermo Solís y actualmente es Diputado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

Las principales firmas encuestadoras coinciden en que el candidato del Partido Acción Ciudadana no tiene posibilidades de clasificar a la segunda vuelta electoral.

Entre los principales candidatos a la presidencia figura el ex presidente José María Figueres Olsen (1994-1998). Hijo del emblemático ex presidente de Costa Rica, Don Pepe Figueres, José María es candidato de la organización política fundada por su padre, el Partido Liberación Nacional.

José María Figueres cerró la campaña en las encuestas con un promedio de 17% a 20% de la intención del voto. 

El Partido Nueva República presenta el próximo domingo al periodista Fabricio Alvarado Muñoz como su candidato presidencial. Este político conservador fue Diputado ante la Asamblea Nacional de Costa Rica (2014-2018), representando en ese momento al Partido Restauración Nacional, del cual fue su candidato presidencial en las elecciones del 2018. Posteriormente renunció a dicha organización política para fundar el Partido Nueva República. 

Fabricio Alvarado, catalogado entre los aspirantes como un “ultraconservador y fundamentalista”, recibe en las encuestas al finalizar la campaña entre un 16% a 18% de la intención del voto.

La tercera candidata que las encuestas indican que tiene posibilidades de clasificar a la segunda vuelta electoral es Lineth Saborío Chaverri, una ex vicepresidenta de Costa Rica durante el mandato del presidente Abel Pacheco (2002-2006).

Saborío Chaverri, abogada de profesión, con una amplia experiencia gubernamental, es la candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), organización política de la derecha en Costa Rica, herederos de la tradición conocida como el “calderonismo”, relacionada a la figura del ex presidente Rafael Angel Calderón Guardia (1940-1944).

A juzgar por las principales encuestas realizadas durante los pasados 3 meses, la lucha por la clasificación a una Segunda Vuelta Electoral la disputan José María Figueres, Fabricio Alvarado y Lineth Saborío. 

Esos mismos estudios de opinión reflejan un alto porcentaje de indecisos que al cierre de la campaña están fluctuando entre 25% a 30% de los electores. 

Cómo ha sido la constante en todos los procesos electorales acontecidos en el mundo durante la Pandemia, el manejo gubernamental a dicha crisis del Covid-19 ha sido uno de los principales temas de la campaña electoral en Costa Rica.

El gobierno del presidente Alvarado Quesada culmina su mandato seriamente cuestionado en sus políticas económicas y sociales, provocando masivas protestas durante los pasados tres años.

Otro de los temas que se ha destacado en la actual campaña ha sido la influencia del narcotráfico en las organizaciones políticas de Costa Rica. 

Con un porcentaje tan alto de electores indecisos al cierre de la campaña, la posibilidad de una sorpresa en la clasificación a una segunda vuelta electoral debe estar presente en los análisis. Un ejemplo de esa posibilidad ante un escenario electoral tan fluido, fue la clasificación a la segunda vuelta en Perú de Pedro Castillo. 

El domingo se efectúan las elecciones en Costa Rica y el lunes iniciará la verdadera campaña por la presidencia de ese país…

Por Rafael Cerame:

El fenómeno Bad Bunny amerita un análisis sociológico, para comprender a un sector considerable, por no decir mayoritario, de una nueva generación en Puerto Rico.

Esos jóvenes crearon una jerga, un dialecto puertorriqueño. En términos culturales han definido un comportamiento social. Han marcado un sentimiento rebelde. ¿De dónde proviene ese sentimiento y esa rebeldía? Considero, qué, en gran medida es producto de un deficiente sistema educativo.

Un sistema de educación pública que cumpla con su función debería producir ciudadanos que dominen su vernáculo, además del idioma de su ciudadanía. Escuchando a esa generación urbana, nos percatamos que se comunican en una jeringonza híbrida que ni es español, ni tampoco inglés.

Esa generación, con rasgos muy definidos, reflejan rebeldía ante lo institucional, qué, en gran medida, responsabilizan por su incomodidad ante lo tradicional y la falta de oportunidades.

Esos, ven en Bad Bunny al muchacho que siendo cómo ellos, hablando cómo ellos y «jodiendo» cómo ellos, triunfó y logró reconocimiento mundial. Por eso es su orgullo y así lo idolatran. 

Es evidente, qué, tanto Bad Bunny, cómo instrumento para mover a esa nueva masa social, cómo otras figuras representativas de ese genero urbano, representan una plataforma que la izquierda política está utilizando para movilizarlos electoralmente en el 2024. Ese grupo, que en este momento no se podría precisar con certeza su peso electoral, no razona ni vincula los temas económicos a la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Ese grupo responsabiliza a los políticos corruptos por los problemas económicos y sociales en Puerto Rico: PUNTO. 

Sobre ese particular, resultó evidente los mensajes y alusiones a figuras del independentismo puertorriqueño en la presentación de Bad Bunny al salir a la tarima en su «covid-concierto«. La figura del conejo malo es la vía buena para la izquierda timonear esa generación a su favor. Esa es una realidad.

Cómo también es una realidad que Bad Bunny se ha convertido en una millonaria industria, que unido a otros exponentes del llamado genero urbano, están invirtiendo sus recursos para tener presencia en el espectáculo deportivo, cómo lo es la liga de baloncesto BSN, equipos de béisbol profesional y próximamente en el voleibol en Puerto Rico. 

En esa «industria» la izquierda puede tener acceso a un capital que hasta el momento no tenía. Es decir, ahora tendrán, para el ciclo electoral del 2024, nuevas tropas y recursos económicos.

Si lograran canalizar el voto de ese sector hacia un sólo movimiento político, las posibilidades de llegar al poder serían reales, considerando la reducción en votos que han tenido tanto el PNP cómo el PPD durante los pasados 12 años.

Otro ingrediente que debemos añadir al análisis es la gran hipocresía con la cual un importante sector de la prensa juzga a esas figuras prominentes del llamado género urbano y otros «influencers» protagonistas de las convocatorias a las protestas durante el «verano del 19».

Durante la cobertura del juicio por violaciones a la ley de armas contra el productor de música urbana Raphy Pina, previamente convicto por un delito de fraude financiero, fue evidente cómo un gran número de periodistas hacían continua referencia a las cualidades del acusado como un hombre de familia; una persona que ayuda a la juventud y un trabajador dedicado. En fin, un ciudadano ejemplar. 

Personalmente NO tengo absolutamente nada en contra de Raphy Pina, a quien no conozco. De lo que trata este análisis es de poner en perspectiva la doble vara con que se mide en Puerto Rico a personas vinculadas a sectores ideológicos diferentes. 

Por ejemplo: Aún después de su convicción mediante un veredicto unánime de 12 jurados, una periodista de un programa de análisis en un canal de televisión señala que Pina resultó culpable por una «alegada posesión de armas ilegales«. En cambio, a los que fuimos señalados de participar en un chat privado, que las investigaciones confirmaron que fue manipulado para propósitos de hacerlo público y que se demostró que no constituyó violación de ley alguna, se nos pretende condenar perpetuamente ante la opinión pública por ese sector de los medios.

Para esa «periodista» y los que como ella actúan en los medios de comunicación, las armas ilegales en una propiedad de Raphy Pina no constituye la comisión de un delito grave y hasta catalogan el caso de una persecución en contra del productor de música urbana. ¿Cómo se sentirán los familiares de los miles de víctimas de asesinatos en Puerto Rico a manos de criminales con ese tipo de armas ilegales, al ver como se pretende minimizar la tenencia de esas armas en el Caso Pina?

No debe haber duda que hay una agenda mediática para timonear ideológicamente a un sector de una nueva generación de puertorriqueños hacia la izquierda política. Parte de esa estrategia radica en sacarle provecho político al caos y la inestabilidad social, en lugar de combatir las causas que provocan esos problemas. En ese sentido, la proyección internacional que tienen las masacres tipo carteles mejicanos que se están produciendo en la Isla, y los arrestos por corrupción de políticos electos bajo las insignias del PNP y el PPD, van creando las condiciones de una tormenta perfecta para un asalto de la izquierda en Puerto Rico.

Ese sector político pesca en las aguas turbulentas del caos social, por lo tanto, les sacan provecho a las imágenes de la violencia, masacres del narco, la corrupción y el aumento en la rebeldía de la generación del conejo malo. Su agenda es y será promover la continuidad del caos…

¿Estará realmente consciente el liderato del Partido Nuevo Progresista de esa situación? ¿Estará igualmente consciente de eso el sector pro-americano del PPD? 

Mañana nuevamente saldrá el sol y en 35 meses se efectuarán las elecciones del 2024…

Por: Rafael Cerame

Los resultados de las elecciones presidenciales en Chile, en la cual resultaron favorecidos José Antonio Kast, del conservador Partido Republicano, y Gabriel Boric, candidato de Convergencia Social, definen el escenario para una segunda vuelta electoral el 19 de diciembre donde se confronten los polos ideológicos de la izquierda frente a la derecha.

De un primer análisis de esos resultados se puede concluir que José Antonio Kast se encuentra en una mejor posición para construir una coalición de fuerzas políticas que le faciliten superar el 50% en el llamado «balotaje». Se puede llegar a ese razonamiento lógico sí tomamos en consideración los siguientes datos:

1. Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente (PDG), que encabeza un movimiento de corte populista de centro-derecha, arribó en la tercera posición obteniendo el 12.80% de los votos.
2. Sebastián Sichel, candidato presentado por la colación de centro-derecha Chile Vamos, recibió el 12.79% de los votos.

Ambos, Parisi y Sichel, son ideológicamente más afines a José Antonio Kast que a las políticas de izquierda que representa Gabriel Boric, por lo tanto, es de suponer que el candidato del Partido Republicano debería lograr acuerdos con ellos para conformar una fuerte coalición anti izquierda en Chile.

Sumando el porcentaje de votos obtenidos por Kast, Parisi y Sichel, alcanzarían en su conjunto el 53.50%. Aunque en la política eso no necesariamente se traduce de manera automática en votos para una segunda vuelta electoral, representa una plataforma sobre la cual se puede desarrollar un mensaje que les permita superar el 50% el próximo 19 de diciembre.

Hay otros factores externos que inciden en la campaña electoral chilena para la segunda vuelta, los cuales se pudieran utilizar en contra del candidato Gabriel Boric. Se trata del historial que representan los principales gobiernos de izquierda en el hemisferio americano durante los asados 20 años.

El marco de referencia de Hugo Chávez y Nicolas Maduro en Venezuela, cuyas políticas y violaciones a los derechos humanos han llevado al colapso de ese país, no ayuda a la proyección de Boric en Chile. De igual forma la situación en Nicaragua, Cuba y su vecino inmediato Argentina.

Mirarse en el espejo de los Castro en Cuba, Ortega en Nicaragua y Evo en Bolivia no es positivo para Gabriel Boric. De igual forma la izquierda chilena intentará traer a la campaña de José Antonio Kast el historial de Augusto Pinochet en ese país.

En definitiva la segunda vuelta electoral en Chile anticipa una confrontación ideológica entre dos filosofías de gobierno: el socialismo, encabezado por un liderazgo claramente marcado por la izquierda radical y el modelo de libre empresa, mercado y libertad ciudadana que representa la derecha chilena.

Una sociedad que ha vivido los traumas de un golpe de estado; violaciones de derechos humanos y las represiones de una dictadura, se enfrenta al desafío de no olvidar el pasado, mirando hacia el futuro. No tengo dudas que un gobierno de izquierda en Chile afectaría la estabilidad económica y la calidad de vida en ese país. ¿Lograrán superar los traumas del pasado sin cometer un error que tenga un alto costo para el Chile actual? ¿Lograrán cerrar las heridas ocasionadas por pasadas confrontaciones ideológicas en Chile?

Nuestros mejores deseos para el pueblo chileno en la segunda vuelta electoral el 19 de diciembre.

Por: Rafael Cerame

Una de las noticias internacionales que ha impactado los principales medios de comunicación ha sido la publicación de una investigación periodística denominada como los Pandora Papers.

Se trata de una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ – por sus siglas en inglés), sobre documentos secretos relacionados a sociedades «offshore» partenecientes a diversas personalidades, entre las que se destacan jefes de estado en funciones y ex presidentes de países de varios continentes.

El descubrimiento de las llamadas cuentas secretas consta de 11.9 millones de documentos (2.94 terabytes), lo que implica un extenso volumen de información analizada por el ICIJ.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación está integrado por 190 periodistas, destacados en 65 países, con sede en Washington D.C. Actualmente es dirigido por Gerard Ryle, un ciudadano irlandés – australiano que nació en Londres, con amplia experiencia internacional en los principales medios de comunicación.

El objetivo de la investigación es identificar cuentas offshore de personalidades y políticos con gran capacidad económica, que utilizan dicho mecanismo para evadir el pago de impuestos en sus países y/o jurisdicciones donde desarrollan actividad de negocios.

Entre los Jefes de Estado incluidos en los Pandora Papers se destacan Abdullah II, Rey de Jordania, Luís Abinader, Presidente de la República Dominicana, Milo Dukanovic, Presidente de Montenegro, Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador, Sebastián Piñera, Presidente de Chile y los ex presidentes Andrés Pastrana y Cesar Gaviria de Colombia, Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela de Panamá; Tony Blair del Reino Unido y Silvio Berlusconi de Italia.

El ICIJ resalta en su informe importantes figuras del entorno del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Ese tipo de investigación periodística debe tener un propósito que la justifique, principalmente fundamentado en conocer la verdad e identificar quienes violentan la ley, actúan en contra del bien común y en contra de los derechos humanos.

Muchos de los imputados en los Pandora Papers han emitido declaraciones públicas admitiendo ser los titulares de las llamadas cuentas «offshore» a las que hace referencia la investigación periodística, pero haciendo la salvedad de que no han evadido impuestos en sus respectivos países.

Independientemente de los méritos, justificaciones y argumentos a su favor que tengan los señalados en los Pandora Papers que al momento se han defendido – explicaciones que deben ser objeto de corroboración – surge la interrogante sobre quién ha financiado una investigación tan compleja como la realizada por el ICIJ.

Resulta evidente que en dicha investigación no han trascendido cuestionadas figuras de la política internacional vinculadas a diversas actividades delictivas, como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, los Kirchner en Argentina y los principales personajes a cargo de la dictadura en Cuba.

Llama la atención que una investigación tan extensa y detallada no revele la existencia de cuentas secretas de esos políticos, cuyo trasfondo está plagado de señalamientos delictivos, algunos vinculados directamente al narcotráfico.

Ante ese «agujero negro» en los Pandora Papers, resultaría importante conocer quienes financian esa investigación, de manera que su propósito no sea cuestionado como una acción motivada para afectar a unos y proteger a otros…

Por Rafael Cerame:

Las imágenes de las protestas que se están produciendo en Cuba, reclamando libertad y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos están destacándose en medios de comunicación en todo el mundo.

Resulta una acción inusual para un pueblo que ha vivido bajo el control absoluto del aparato represivo del estado comunista durante 60 años. Es evidente, tanto por la intensidad de las manifestaciones, como por los abusos y crímenes de que son víctimas los que protestan, que el pueblo cubano perdió el miedo a reclamar su libertad.

En Puerto Rico, luego del llamado «verano del 19», donde se escenificaron contundentes manifestaciones en contra del gobierno, principalmente organizadas por dirigentes de movimientos de la izquierda, reconocidas figuras de la farándula, de la religión y el deporte, se han reclamado expresiones de esos mismos grupos respecto a lo que está aconteciendo en Cuba.

El silencio absoluto de la dirigencia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es comprensible y no se les debe pedir lo contrario, ya que por décadas han sido los aliados ideológicos en Puerto Rico de la revolución cubana, del chavismo en Venezuela y del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

De igual forma, los principales dirigentes del moviendo sindical en la Isla y los más activos «influencers» que participaron en las protestas del «verano del 19», han sido promotores ideológicos de los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Unos han devengado dinero directamente de parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, como es el caso de Rubén Berrios Martínez, quien asumió la responsabilidad de ser asesor del dictador nicaragüense, y otros dirigentes de la izquierda boricua, recibieron ayuda económica y logística para los eventos ocurridos en Puerto Rico en el 2019.

Por tal razón, sería contradictorio que quienes han recibido ayuda de los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua para adelantar sus causas políticas en Puerto Rico, ahora le den la espalda a esos dictadores haciendo expresiones públicas denunciando los crímenes y las violaciones a los derechos humanos en esos países.

Rubén Berrios, Juan Dalmau, María de Lourdes Santiago, Manuel Natal, Carmen Yulín Cruz, Julio Muriente, Angel Figueroa Jaramillo, René Pérez «Residente», Jorge Pabón «Molusco» y Bad Bunny, entre muchos otros, incluyendo figuras de los medios de comunicación y de la prensa, prefieren guardar silencio en lugar de denunciar a sus aliados ideológicos en Cuba. Esa es la incuestionable realidad.

El tiempo y las circunstancias facilitarán que se entienda en su justa perspectiva las motivaciones políticas de esos personajes y el peligro que representan para la calidad de vida en Puerto Rico. Unos, políticos de reconocida capacidad intelectual, otros llamados «influencers» con la carencia de la misma, se unen en reclamos populares en la Isla, como ocurrió en el llamado «verano del 19»; y ahora con su silencio, continuan unidos como cómplices de los atropellos y las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa es su agenda en el «verano del 21»: callar…

Por Rafael Cerame:

Generalmente los cambios, y en éste caso, las transformaciones en la forma que se administra un servicio básico al pueblo, como lo es la energía eléctrica, provocarán resistencia, dudas y ansiedad en la sociedad.

Esa realidad la aprovechan sectores de la oposición política al gobierno de turno para adelantar sus intereses y minar su credibilidad. Así ha ocurrido en muchos países donde se producen ese tipo de transformaciones en la prestación de servicios al pueblo.

En el caso de Puerto Rico debemos partir de unas premisas en la cual la inmensa mayoría de los ciudadanos están de acuerdo: El sistema de generación de energía es deficiente; su alto costo no se ajusta al servicio que se ofrece y la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a cargo del estado quedó obsoleta.

Estipulando como correcta esa premisa, el cuestionamiento que procede sería cómo cambiar lo que evidentemente no está funcionando bien. Ante esa realidad el gobierno procedió a legislar la transformación del sistema de energía en Puerto Rico.

Esa acción ejecutiva se produce luego del colapso del sistema de energía ocasionado por el catastrófico huracán María a finales del año 2017.

El proceso llevó al gobierno a adjudicar la contratación de la empresa LUMA Energy para que asuma la administración y mantenimiento de la red de transmisión de la energía en la Isla, mientras la generación de electricidad la mantiene la AEE y otras generatrices privadas que le venden a la propia Autoridad la energía que producen.

Las protestas que se han producido a raíz de la mencionada contratación han estado matizadas por consignas políticas contrarias al gobierno, ideológicamente argumentadas por dirigentes de la izquierda en Puerto Rico, con el acompañamiento en el coro del resto de la oposición al PNP y algunos políticos del partido oficialista.

Las interrupciones en el servicio de energía continúan. Algunas son producto de las deficiencias que existen en la capacidad de generación de energía y otras como consecuencia de averías en la débil red de transmisión de la electricidad.

Para superar ambas causas, se necesita una multimillonaria inversión de recursos, los cuales provienen de asignaciones del gobierno federal de los Estados Unidos, en partidas destinadas a la reconstrucción de la Isla como consecuencia de los daños ocasionados por el huracán Maria.

Ante ese escenario, la UTIER, gremio que agrupa a los empleados de la AEE, asume el frente en las protestas en contra del gobierno. La historia ha demostrado que en previos conflictos obrero patronales, personal de la UTIER fue responsable de ocasionar daños a facilidades de la AEE mediante actos de sabotajes al sistema de energía en Puerto Rico. ¿Son responsables de actos de sabotajes en este momento? Las investigaciones que se están realizando serán la que responsablemente determinarán que ocurrió en las facilidades de Monacillos y otros incidentes relacionados a las interrupciones del sistema eléctrico. De lo que no puede haber duda, es del proceder histórico de quienes encabezan las protestas en contra de la transformación del sistema de energía en Puerto Rico.

Ese es el escenario actual relacionado a la transformación del sistema de energía en Puerto Rico. Falta mucho camino por recorrer para lograr ese objetivo. En ese proceso, unos sectores políticos intentarán sacarle provecho a la crisis, fomentado el caos y el desorden, para adelantar sus causas ideológicas, en un libreto que se repite en otros lugares de Latinoamérica.

Mientas tanto, le corresponde al gobierno mantener el orden en nuestro pueblo, garantizando los derechos de todos los ciudadanos. Cumplir con su responsabilidad de supervisar el contrato otorgado a la empresa LUMA y hacer cumplir la ley en protección del interés público.

El objetivo que todos debemos perseguir, debe ser que la transformación del sistema de energía tenga como resultado un mejor servicio que el actual; mediante una generación de electricidad con fuentes renovables, más limpia y a un menor costo. En ese camino, la empresa y/o el gobierno que no cumpla con ese objetivo, deberá salir del mismo.

Esa debe ser la agenda de Puerto Rico.

Ahora actuemos con prudencia y demos un tiempo razonable para ver los resultados del proceso de transformación que ha comenzado. Después de todo, han sido décadas las que hemos soportado con un deficiente sistema operado por la AEE…

By Rafael Cerame

Violent protests have taken place in Colombia for a month, initially as a popular reaction to the presentation of a tax reform bill that would increase taxes, affecting the country’s middle class and working sectors.

After four days of protests, President Iván Duque, who during his campaign developed the slogan «fewer taxes and more wages,» withdrew the legislation and called for a national dialogue table in search of consensus to evaluate alternatives that allow increasing the collections of the nation.

However, the protests did not stop, and have been 29 days of uninterrupted demonstrations, affecting commerce, transportation, and essential services to the population, aggravating the problematic situation of the Covid-19 pandemic in Colombia.

After the withdrawal of the controversial legislation that aspired to raise 23.4 billion Colombian pesos (6.3 billion dollars), who are the protagonists of the protests in that country? In answer to that question, it will be possible to show who is behind the «hooded» in those demonstrations …

Logical reasoning to try to understand what is happening in Colombia leads us to question the continuity of the protests if, on the fourth day after they took place, they managed to get President Duque to withdraw the tax reform bill from Congress and call for dialogue.

From the analysis, it can be concluded that the continuation of the protests responds to a political objective: to destabilize the country, creating institutional chaos before the electoral year in Colombia. That has been the «modus operandi» of the strategists of the radical left, who in these times operate behind the scenes, infiltrated in environmental movements, university students, and union groups.

The protagonists of the continuation of the protests in Colombia are not those who initially would be most affected by President Duque’s tax reform. Those now in the streets are not the «middle class» and working class of the country. Violent groups are on the roads, duly organized, equipped, and trained to cause chaos and social disorder.

There is no doubt that the political and social destabilization of Colombia suits Maduro’s narco-dictatorship in Venezuela. President Duque has been an ally of the Venezuelan opposition and a promoter of the return to democracy in his neighboring country. Therefore, the Duque Administration in Colombia is an enemy of Nicolás Maduro and his ideological allies in Cuba and Nicaragua.

The organization of these protests in Colombia should not be a spontaneous reaction of society. Once the tax reform is removed from Congress, the violent riots respond to alter Colombia’s constitutional order and the current system of government.

Let us not lose perspective that there is an activity convenient for institutional chaos and totalitarian governments to develop their operations: Drug trafficking. Its precisely why these criminal organizations are natural allies of the Maduro, Ortega, and Castro regimes.

Those of us who believe in democracy and freedom; In respect for human rights, and a government system that allows people to develop to the maximum of their capacities should be concerned about the dangerous moment that Colombia is experiencing today.

This threat of the interests that today govern Cuba, Nicaragua, and Venezuela will not rest trying to do the same in the rest of the American hemisphere.

What is happening today in Colombia is precisely that.

Luego de que el pueblo de Puerto Rico se expresara en el Referéndum del pasado noviembre en favor de la admisión de la Isla como un Estado de los Estados Unidos, se procedió con la elección de la Delegación que se enviará al Congreso para reclamar acción legislativa en respuesta al mandato electoral. 

El resultado de esa Elección Especial nos deja unas lecciones que trascienden a los que participamos de este democrático evento electoral. 

Ahora Ricardo Rosselló Nevares pasó de ser un ex gobernador y presidente de su partido forzado a renunciar y desterrado al “exilio político”, a ser electo a un cargo público mediante nominación directa (Write In) por el pueblo; representando ser el líder “anti-establishment” en el movimiento estadista. 

Otro de los mensajes con repercusiones en todos los partidos de Puerto Rico, es que el voto “write in”, debidamente organizado, puede superar a las llamadas “maquinarias políticas” tradicionales. El pueblo progresista envió la primera señal en contra de la injusticia y la maldad en las pasadas primarias, específicamente en la elección de los candidatos a senadores por acumulación… 

La incuestionable realidad es que cada día la base de los partidos tradicionales se reduce más y aumenta el peso electoral de los llamados “no afiliados”. En el 2024 aumentará el voto motivado por la defensa de causas políticas y sociales, en relación al voto por disciplina partidaria. Los partidos y/o candidatos que comprendan esa dinámica que se está produciendo en la sociedad, podrán atemperar sus mensajes y propuestas a esa nueva realidad.

A lo interno del Partido Nuevo Progresista el resultado de la Elección Especial de la Delegación al Congreso lleva un contundente mensaje:

El evento electoral sirvió para que el pueblo estadista condenara la traición y la injusticia orquestada desde el Capitolio contra Ricardo Rosselló Nevares durante el verano del 19; precisamente a los mismos que objetaron el nombramiento del Lcdo. Pierluisi como Secretario de Estado. Debe interpretarse que también se emitió un voto de rechazo a quienes en el PNP hicieron causa común con sectores de la izquierda política en Puerto Rico para alterar el orden democrático en el llamado «verano del 19».

El pueblo estadista emitió un desagravio y reconocimiento a Ricardo Rosselló Nevares y su familia. El 16 de mayo del 2021 se cerró un capitulo para iniciar uno nuevo, teniendo como objetivo el logro de la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos de América.

Por Rafael Cerame:

Luego del accidentado proceso electoral del 2020 y transcurridos los primeros seis meses del gobierno de Luis Abinader, resulta oportuno realizar un análisis de la “radiografía” que al momento describe el escenario político dominicano.   

En términos gubernamentales, aunque el presidente Luis Abinader ha demostrado saber hacia dónde quiere dirigir la conducción del Estado, no necesariamente se puede decir lo mismo de los principales integrantes de su gabinete. Por momentos, el jefe del estado aparenta moverse a una velocidad mucho más rápida y certera que sus principales ministros, quienes, con algunas destacadas excepciones, proyectan estar aún en etapa de adaptación en sus cargos. 

Esa percepción se acentúa por la errática estrategia de comunicación pública originada desde el Palacio Nacional. 

Los desafíos inmediatos que el presidente Abinader debe superar son los siguientes: Lograr que el pueblo tenga confianza en sus ejecutorias para enfrentar la pandemia del Covid-19. Reactivar la actividad económica en el país y que ese movimiento comercial, empresarial y turístico se sienta en el bolsillo de todos los dominicanos. Si el gobierno no logra durante el 2021 que se produzca esa reactivación en la economía, los últimos dos años del actual mandato presidencial estarán enmarcados en una profunda crisis social, con un alto costo político para Luís Abinader y el PRM.

Debemos señalar que el historial personal, empresarial y político de Luis Abinader, confirma su gran capacidad, tanto intelectual como emocional, especialmente para lidiar de manera exitosa con situaciones de conflictos. Quienes menosprecien la capacidad como estratega de Luís Abinader, estarán cometiendo un pecado capital en la política.  Su proceder en el PRM así lo demuestra, pero más aún, la forma en que está manteniendo a la oposición política fracturada y con dificultades para crecer.  

Repasemos el acontecer político desde que Luís Abinader llegó al Palacio Nacional: La ofensiva gubernamental contra Danilo Medina y su entorno, a través de las investigaciones sobre corrupción en la gestión del PLD, mantiene a ese partido desarticulado; reduciendo su fortaleza electoral hasta convertirlo en un rehén del pasado presidente, quien utiliza el partido de la estrella amarilla como un bunker en estado de guerra. 

Por otra parte, la arbitraria decisión de la JCE, determinando que sólo el PRM y el PLD serán considerados como partidos mayoritarios, deja sin “fuerza” económica al partido liderado por Leonel Fernández. 

De esa forma, en tiempos de gran dificultad para su gobierno, Luis Abinader logra tres objetivos estratégicos fundamentales: 

1. Mantener desarticulado al PLD, bajo el tóxico liderazgo de Danilo Medina. 
2. La JCE limita los recursos que facilitarían el desarrollo de la Fuerza del Pueblo como opción electoral para el 2024. 
3. Mantiene fracturada la oposición, sin que uno de los dos partidos (PLD o Fuerza del Pueblo) pueda emerger con suficiente fortaleza para ganar en el 2024.  

Podrán escuchar “estrategas” adjudicarse el éxito electoral de Luis Abinader, pero la realidad es que el mérito le corresponde estrictamente al actual presidente de la República, como también le corresponderá, el resultado de su gestión gubernamental y el derrotero que le depare al PRM camino al 2024. 

El mayor problema que se puede divisar en el horizonte para el gobierno, radica en el alto nivel de endeudamiento en que se encuentra el Estado dominicano. Actualmente la deuda pública representa el 72% del Producto Interno Bruto (PIB). 

¿Podrá cumplir el Gobierno con los pagos contraídos por esa Deuda durante los próximos tres años? Para eso tendrá que reducir el tamaño de la estructura gubernamental; lograr aumentar los recaudos del Estado y ser más eficiente en la administración pública, haciendo más con menos recursos. 

Por otra parte, las posibilidades de éxito que puedan tener los partidos de oposición dependerán de la capacidad que tengan para conectar su mensaje con la mayoría de la sociedad. Un estudio reciente reflejó que en Latinoamérica dos terceras partes de la población no se siente parte de los partidos políticos tradicionales y en esa misma proporción rechazan la forma en que los líderes políticos se conducen.  

Es decir, dos terceras partes de la población sienten animosidad hacia la política tradicional. En un escenario como ese, la oposición al gobierno debe ser selectiva en los temas públicos a los cuales le dedica su atención y sobre los cuales debe desarrollar su mensaje al pueblo.

La efectividad en la función de fiscalizar al gobierno no radica en la intensidad y/o estridencia con que se lleva el mensaje, sino en el contenido y forma en que se comunica. En la correcta selección de los temas y en los voceros que se utilicen. Sobre ese particular, al momento, Luis Abinader gobierna sin oposición efectiva.  

En República Dominicana, los partidos de oposición y sus principales líderes, concentran sus mensajes y acciones dirigidos hacia un tercio de la población que vive en esa “burbuja” que constituyen las bases de sus organizaciones políticas. En otros tiempos, ese sector era la mayoría de la sociedad, pero no ahora. 

Quienes logren desarrollar un mensaje coherente y simple, sobre los temas que constituyen las verdaderas preocupaciones en el diario vivir de las familias dominicanas, y lo comuniquen de una forma inteligente, creativa e innovadora, establecerán una diferencia en la oposición y darán el primer paso en la dirección correcta para enfrentar en el 2024 a un gobierno que las circunstancias económicas anticipan tendrá graves problemas. 

Esa es la radiografía del momento que se vive hoy. Esperemos a ver la próxima al finalizar este año. Éxito a la República Dominica. 

Press reports originated in Washington D.C. they anticipated that next Tuesday, March 2, the legislation would be presented in the United States Congress to begin the process of admitting Puerto Rico as a state of the Union.

The legislative measure will have authors in the House, the Democratic Congressman for Florida, Darren Soto, and the Resident Commissioner of Puerto Rico, Jennifer González.

In the federal Senate, the measure will be led by Democratic Senator Martin Heinrich.

Puerto Ricans voted overwhelmingly in favor of the island being admitted as a state of the American Union. The governor of Puerto Rico, Pedro Pierluisi, will assume next week the representation of that electoral mandate, promoting in the federal capital the bipartite legislation that would start the process.

The new political scene in Washington should favor those who claim equal civil rights for Puerto Ricans as citizens of the United States.

Both President Joe Biden and the leadership of the Democratic Party in Congress have expressed their support for the admission of Puerto Rico and the District of Columbia in Washington as new states of the Union.