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Por Rafael Cerame

Hace unas horas cobró efectividad la orden emitida por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de cerrar la frontera de su país con Haití, en respuesta a la improvisada construcción de un artesanal canal que tendría el efecto de alterar el curso del río Dajabón, que nace en las montañas dominicanas y discurre en una pequeña porción del territorio haitiano.

La controversial construcción del canal inicialmente fue atribuida a empresarios agrícolas de la región fronteriza haitiana, indicando el «gobierno» de ese país que se les dificultaba interactuar con ellos para detener dicha obra. Posteriormente, en una declaración oficial, las autoridades de Haití reclamaron el derecho soberano de ese país para hacer uso de aguas en su territorio.

Tratados internacionales disponen que las aguas de ríos que comparten más de un país requieren de un mutuo acuerdo para alterar su curso y/o desarrollar proyectos de infraestructura utilizando dicho recurso natural.

En el caso del río Dajabón – llamado «Masacre» en referencia a sangrientos eventos que culminaron en una matanza de ciudadanos haitianos ordenada por el dictador Rafael Leonidas Trujillo en el 1937 – el mismo se origina y desemboca al mar en territorio de la República Dominicana.

Para resolver una controversia como la que se está desarrollando en esa frontera se requiere un diálogo entre las partes. En ese sentido, la República Dominicana está representada por un gobierno debidamente constituido. Ese no es el caso de Haití, dónde impera un caos institucional.

El 7 de Julio del 2021 fue asesinado el presidente de Haití Jovenel Moise. Al momento NO existe un presidente en ese país, ni cuentan con una legislatura en funciones. La representación de su gobierno recae sobre la débil figura de un Primer Ministro, Ariel Henry, asediado por las organizaciones de narcotráfico que controlan ese país mediante el terror y la violencia provocadas por sus bandas criminales.

La permanencia del caos y el desorden es el escenario perfecto que necesitan las organizaciones del narcotráfico que han establecido en Haití su centro de operaciones y transbordo de droga hacia Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Esos poderes terroristas son los que día tras día fomentan la permanencia de un narco-estado en Haití, el cual les sirve para sus multimillonarios intereses, en conexión permanente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y los grandes carteles mejicanos con sus satélites en Colombia, Nicaragua y Cuba.

La única salida para liberar al golpeado pueblo haitiano del poderoso narcotráfico establecido en su territorio, radica en una intervención militar humanitaria, como en múltiples ocasiones ha reclamado el presidente Luis Abinader, y dar comienzo a un proceso de pacificación social que permita la celebración de elecciones en Haití.

En este momento el gobierno de la República Dominicana no tiene con quien sentarse a dialogar en representación de Haití que tenga una autoridad real para definir una solución al conflicto relacionado al río «Masacre».

Esta crisis en la frontera debe servir para nuevamente alertar a la comunidad internacional sobre la necesidad de proceder con una intervención para rescatar al pueblo haitiano de las garras del narcotráfico. Esa intervención la deben encabezar los Estados Unidos y naciones aliadas, ya que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad de todos los gobiernos democráticos y libres del mundo.

La liberación de Haití del narcotráfico es una responsabilidad mundial y para eso la comunidad internacional NO puede pretender diseñar una solución dominicana a la crisis haitiana.

Por décadas la República Dominicana ha asumido demasiados problemas de la sociedad haitiana, de manera solidaria, pero injusta para los intereses dominicanos. El momento para que la comunidad internacional actúe es ahora.

Por Rafael Cerame:

El fenómeno Bad Bunny amerita un análisis sociológico, para comprender a un sector considerable, por no decir mayoritario, de una nueva generación en Puerto Rico.

Esos jóvenes crearon una jerga, un dialecto puertorriqueño. En términos culturales han definido un comportamiento social. Han marcado un sentimiento rebelde. ¿De dónde proviene ese sentimiento y esa rebeldía? Considero, qué, en gran medida es producto de un deficiente sistema educativo.

Un sistema de educación pública que cumpla con su función debería producir ciudadanos que dominen su vernáculo, además del idioma de su ciudadanía. Escuchando a esa generación urbana, nos percatamos que se comunican en una jeringonza híbrida que ni es español, ni tampoco inglés.

Esa generación, con rasgos muy definidos, reflejan rebeldía ante lo institucional, qué, en gran medida, responsabilizan por su incomodidad ante lo tradicional y la falta de oportunidades.

Esos, ven en Bad Bunny al muchacho que siendo cómo ellos, hablando cómo ellos y «jodiendo» cómo ellos, triunfó y logró reconocimiento mundial. Por eso es su orgullo y así lo idolatran. 

Es evidente, qué, tanto Bad Bunny, cómo instrumento para mover a esa nueva masa social, cómo otras figuras representativas de ese genero urbano, representan una plataforma que la izquierda política está utilizando para movilizarlos electoralmente en el 2024. Ese grupo, que en este momento no se podría precisar con certeza su peso electoral, no razona ni vincula los temas económicos a la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Ese grupo responsabiliza a los políticos corruptos por los problemas económicos y sociales en Puerto Rico: PUNTO. 

Sobre ese particular, resultó evidente los mensajes y alusiones a figuras del independentismo puertorriqueño en la presentación de Bad Bunny al salir a la tarima en su «covid-concierto«. La figura del conejo malo es la vía buena para la izquierda timonear esa generación a su favor. Esa es una realidad.

Cómo también es una realidad que Bad Bunny se ha convertido en una millonaria industria, que unido a otros exponentes del llamado genero urbano, están invirtiendo sus recursos para tener presencia en el espectáculo deportivo, cómo lo es la liga de baloncesto BSN, equipos de béisbol profesional y próximamente en el voleibol en Puerto Rico. 

En esa «industria» la izquierda puede tener acceso a un capital que hasta el momento no tenía. Es decir, ahora tendrán, para el ciclo electoral del 2024, nuevas tropas y recursos económicos.

Si lograran canalizar el voto de ese sector hacia un sólo movimiento político, las posibilidades de llegar al poder serían reales, considerando la reducción en votos que han tenido tanto el PNP cómo el PPD durante los pasados 12 años.

Otro ingrediente que debemos añadir al análisis es la gran hipocresía con la cual un importante sector de la prensa juzga a esas figuras prominentes del llamado género urbano y otros «influencers» protagonistas de las convocatorias a las protestas durante el «verano del 19».

Durante la cobertura del juicio por violaciones a la ley de armas contra el productor de música urbana Raphy Pina, previamente convicto por un delito de fraude financiero, fue evidente cómo un gran número de periodistas hacían continua referencia a las cualidades del acusado como un hombre de familia; una persona que ayuda a la juventud y un trabajador dedicado. En fin, un ciudadano ejemplar. 

Personalmente NO tengo absolutamente nada en contra de Raphy Pina, a quien no conozco. De lo que trata este análisis es de poner en perspectiva la doble vara con que se mide en Puerto Rico a personas vinculadas a sectores ideológicos diferentes. 

Por ejemplo: Aún después de su convicción mediante un veredicto unánime de 12 jurados, una periodista de un programa de análisis en un canal de televisión señala que Pina resultó culpable por una «alegada posesión de armas ilegales«. En cambio, a los que fuimos señalados de participar en un chat privado, que las investigaciones confirmaron que fue manipulado para propósitos de hacerlo público y que se demostró que no constituyó violación de ley alguna, se nos pretende condenar perpetuamente ante la opinión pública por ese sector de los medios.

Para esa «periodista» y los que como ella actúan en los medios de comunicación, las armas ilegales en una propiedad de Raphy Pina no constituye la comisión de un delito grave y hasta catalogan el caso de una persecución en contra del productor de música urbana. ¿Cómo se sentirán los familiares de los miles de víctimas de asesinatos en Puerto Rico a manos de criminales con ese tipo de armas ilegales, al ver como se pretende minimizar la tenencia de esas armas en el Caso Pina?

No debe haber duda que hay una agenda mediática para timonear ideológicamente a un sector de una nueva generación de puertorriqueños hacia la izquierda política. Parte de esa estrategia radica en sacarle provecho político al caos y la inestabilidad social, en lugar de combatir las causas que provocan esos problemas. En ese sentido, la proyección internacional que tienen las masacres tipo carteles mejicanos que se están produciendo en la Isla, y los arrestos por corrupción de políticos electos bajo las insignias del PNP y el PPD, van creando las condiciones de una tormenta perfecta para un asalto de la izquierda en Puerto Rico.

Ese sector político pesca en las aguas turbulentas del caos social, por lo tanto, les sacan provecho a las imágenes de la violencia, masacres del narco, la corrupción y el aumento en la rebeldía de la generación del conejo malo. Su agenda es y será promover la continuidad del caos…

¿Estará realmente consciente el liderato del Partido Nuevo Progresista de esa situación? ¿Estará igualmente consciente de eso el sector pro-americano del PPD? 

Mañana nuevamente saldrá el sol y en 35 meses se efectuarán las elecciones del 2024…

Por: Rafael Cerame

Los resultados de las elecciones presidenciales en Chile, en la cual resultaron favorecidos José Antonio Kast, del conservador Partido Republicano, y Gabriel Boric, candidato de Convergencia Social, definen el escenario para una segunda vuelta electoral el 19 de diciembre donde se confronten los polos ideológicos de la izquierda frente a la derecha.

De un primer análisis de esos resultados se puede concluir que José Antonio Kast se encuentra en una mejor posición para construir una coalición de fuerzas políticas que le faciliten superar el 50% en el llamado «balotaje». Se puede llegar a ese razonamiento lógico sí tomamos en consideración los siguientes datos:

1. Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente (PDG), que encabeza un movimiento de corte populista de centro-derecha, arribó en la tercera posición obteniendo el 12.80% de los votos.
2. Sebastián Sichel, candidato presentado por la colación de centro-derecha Chile Vamos, recibió el 12.79% de los votos.

Ambos, Parisi y Sichel, son ideológicamente más afines a José Antonio Kast que a las políticas de izquierda que representa Gabriel Boric, por lo tanto, es de suponer que el candidato del Partido Republicano debería lograr acuerdos con ellos para conformar una fuerte coalición anti izquierda en Chile.

Sumando el porcentaje de votos obtenidos por Kast, Parisi y Sichel, alcanzarían en su conjunto el 53.50%. Aunque en la política eso no necesariamente se traduce de manera automática en votos para una segunda vuelta electoral, representa una plataforma sobre la cual se puede desarrollar un mensaje que les permita superar el 50% el próximo 19 de diciembre.

Hay otros factores externos que inciden en la campaña electoral chilena para la segunda vuelta, los cuales se pudieran utilizar en contra del candidato Gabriel Boric. Se trata del historial que representan los principales gobiernos de izquierda en el hemisferio americano durante los asados 20 años.

El marco de referencia de Hugo Chávez y Nicolas Maduro en Venezuela, cuyas políticas y violaciones a los derechos humanos han llevado al colapso de ese país, no ayuda a la proyección de Boric en Chile. De igual forma la situación en Nicaragua, Cuba y su vecino inmediato Argentina.

Mirarse en el espejo de los Castro en Cuba, Ortega en Nicaragua y Evo en Bolivia no es positivo para Gabriel Boric. De igual forma la izquierda chilena intentará traer a la campaña de José Antonio Kast el historial de Augusto Pinochet en ese país.

En definitiva la segunda vuelta electoral en Chile anticipa una confrontación ideológica entre dos filosofías de gobierno: el socialismo, encabezado por un liderazgo claramente marcado por la izquierda radical y el modelo de libre empresa, mercado y libertad ciudadana que representa la derecha chilena.

Una sociedad que ha vivido los traumas de un golpe de estado; violaciones de derechos humanos y las represiones de una dictadura, se enfrenta al desafío de no olvidar el pasado, mirando hacia el futuro. No tengo dudas que un gobierno de izquierda en Chile afectaría la estabilidad económica y la calidad de vida en ese país. ¿Lograrán superar los traumas del pasado sin cometer un error que tenga un alto costo para el Chile actual? ¿Lograrán cerrar las heridas ocasionadas por pasadas confrontaciones ideológicas en Chile?

Nuestros mejores deseos para el pueblo chileno en la segunda vuelta electoral el 19 de diciembre.

Por Rafael Cerame:

Las imágenes de las protestas que se están produciendo en Cuba, reclamando libertad y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos están destacándose en medios de comunicación en todo el mundo.

Resulta una acción inusual para un pueblo que ha vivido bajo el control absoluto del aparato represivo del estado comunista durante 60 años. Es evidente, tanto por la intensidad de las manifestaciones, como por los abusos y crímenes de que son víctimas los que protestan, que el pueblo cubano perdió el miedo a reclamar su libertad.

En Puerto Rico, luego del llamado «verano del 19», donde se escenificaron contundentes manifestaciones en contra del gobierno, principalmente organizadas por dirigentes de movimientos de la izquierda, reconocidas figuras de la farándula, de la religión y el deporte, se han reclamado expresiones de esos mismos grupos respecto a lo que está aconteciendo en Cuba.

El silencio absoluto de la dirigencia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es comprensible y no se les debe pedir lo contrario, ya que por décadas han sido los aliados ideológicos en Puerto Rico de la revolución cubana, del chavismo en Venezuela y del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

De igual forma, los principales dirigentes del moviendo sindical en la Isla y los más activos «influencers» que participaron en las protestas del «verano del 19», han sido promotores ideológicos de los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Unos han devengado dinero directamente de parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, como es el caso de Rubén Berrios Martínez, quien asumió la responsabilidad de ser asesor del dictador nicaragüense, y otros dirigentes de la izquierda boricua, recibieron ayuda económica y logística para los eventos ocurridos en Puerto Rico en el 2019.

Por tal razón, sería contradictorio que quienes han recibido ayuda de los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua para adelantar sus causas políticas en Puerto Rico, ahora le den la espalda a esos dictadores haciendo expresiones públicas denunciando los crímenes y las violaciones a los derechos humanos en esos países.

Rubén Berrios, Juan Dalmau, María de Lourdes Santiago, Manuel Natal, Carmen Yulín Cruz, Julio Muriente, Angel Figueroa Jaramillo, René Pérez «Residente», Jorge Pabón «Molusco» y Bad Bunny, entre muchos otros, incluyendo figuras de los medios de comunicación y de la prensa, prefieren guardar silencio en lugar de denunciar a sus aliados ideológicos en Cuba. Esa es la incuestionable realidad.

El tiempo y las circunstancias facilitarán que se entienda en su justa perspectiva las motivaciones políticas de esos personajes y el peligro que representan para la calidad de vida en Puerto Rico. Unos, políticos de reconocida capacidad intelectual, otros llamados «influencers» con la carencia de la misma, se unen en reclamos populares en la Isla, como ocurrió en el llamado «verano del 19»; y ahora con su silencio, continuan unidos como cómplices de los atropellos y las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa es su agenda en el «verano del 21»: callar…

Por Rafael Cerame:

Generalmente los cambios, y en éste caso, las transformaciones en la forma que se administra un servicio básico al pueblo, como lo es la energía eléctrica, provocarán resistencia, dudas y ansiedad en la sociedad.

Esa realidad la aprovechan sectores de la oposición política al gobierno de turno para adelantar sus intereses y minar su credibilidad. Así ha ocurrido en muchos países donde se producen ese tipo de transformaciones en la prestación de servicios al pueblo.

En el caso de Puerto Rico debemos partir de unas premisas en la cual la inmensa mayoría de los ciudadanos están de acuerdo: El sistema de generación de energía es deficiente; su alto costo no se ajusta al servicio que se ofrece y la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a cargo del estado quedó obsoleta.

Estipulando como correcta esa premisa, el cuestionamiento que procede sería cómo cambiar lo que evidentemente no está funcionando bien. Ante esa realidad el gobierno procedió a legislar la transformación del sistema de energía en Puerto Rico.

Esa acción ejecutiva se produce luego del colapso del sistema de energía ocasionado por el catastrófico huracán María a finales del año 2017.

El proceso llevó al gobierno a adjudicar la contratación de la empresa LUMA Energy para que asuma la administración y mantenimiento de la red de transmisión de la energía en la Isla, mientras la generación de electricidad la mantiene la AEE y otras generatrices privadas que le venden a la propia Autoridad la energía que producen.

Las protestas que se han producido a raíz de la mencionada contratación han estado matizadas por consignas políticas contrarias al gobierno, ideológicamente argumentadas por dirigentes de la izquierda en Puerto Rico, con el acompañamiento en el coro del resto de la oposición al PNP y algunos políticos del partido oficialista.

Las interrupciones en el servicio de energía continúan. Algunas son producto de las deficiencias que existen en la capacidad de generación de energía y otras como consecuencia de averías en la débil red de transmisión de la electricidad.

Para superar ambas causas, se necesita una multimillonaria inversión de recursos, los cuales provienen de asignaciones del gobierno federal de los Estados Unidos, en partidas destinadas a la reconstrucción de la Isla como consecuencia de los daños ocasionados por el huracán Maria.

Ante ese escenario, la UTIER, gremio que agrupa a los empleados de la AEE, asume el frente en las protestas en contra del gobierno. La historia ha demostrado que en previos conflictos obrero patronales, personal de la UTIER fue responsable de ocasionar daños a facilidades de la AEE mediante actos de sabotajes al sistema de energía en Puerto Rico. ¿Son responsables de actos de sabotajes en este momento? Las investigaciones que se están realizando serán la que responsablemente determinarán que ocurrió en las facilidades de Monacillos y otros incidentes relacionados a las interrupciones del sistema eléctrico. De lo que no puede haber duda, es del proceder histórico de quienes encabezan las protestas en contra de la transformación del sistema de energía en Puerto Rico.

Ese es el escenario actual relacionado a la transformación del sistema de energía en Puerto Rico. Falta mucho camino por recorrer para lograr ese objetivo. En ese proceso, unos sectores políticos intentarán sacarle provecho a la crisis, fomentado el caos y el desorden, para adelantar sus causas ideológicas, en un libreto que se repite en otros lugares de Latinoamérica.

Mientas tanto, le corresponde al gobierno mantener el orden en nuestro pueblo, garantizando los derechos de todos los ciudadanos. Cumplir con su responsabilidad de supervisar el contrato otorgado a la empresa LUMA y hacer cumplir la ley en protección del interés público.

El objetivo que todos debemos perseguir, debe ser que la transformación del sistema de energía tenga como resultado un mejor servicio que el actual; mediante una generación de electricidad con fuentes renovables, más limpia y a un menor costo. En ese camino, la empresa y/o el gobierno que no cumpla con ese objetivo, deberá salir del mismo.

Esa debe ser la agenda de Puerto Rico.

Ahora actuemos con prudencia y demos un tiempo razonable para ver los resultados del proceso de transformación que ha comenzado. Después de todo, han sido décadas las que hemos soportado con un deficiente sistema operado por la AEE…

By Rafael Cerame

Violent protests have taken place in Colombia for a month, initially as a popular reaction to the presentation of a tax reform bill that would increase taxes, affecting the country’s middle class and working sectors.

After four days of protests, President Iván Duque, who during his campaign developed the slogan «fewer taxes and more wages,» withdrew the legislation and called for a national dialogue table in search of consensus to evaluate alternatives that allow increasing the collections of the nation.

However, the protests did not stop, and have been 29 days of uninterrupted demonstrations, affecting commerce, transportation, and essential services to the population, aggravating the problematic situation of the Covid-19 pandemic in Colombia.

After the withdrawal of the controversial legislation that aspired to raise 23.4 billion Colombian pesos (6.3 billion dollars), who are the protagonists of the protests in that country? In answer to that question, it will be possible to show who is behind the «hooded» in those demonstrations …

Logical reasoning to try to understand what is happening in Colombia leads us to question the continuity of the protests if, on the fourth day after they took place, they managed to get President Duque to withdraw the tax reform bill from Congress and call for dialogue.

From the analysis, it can be concluded that the continuation of the protests responds to a political objective: to destabilize the country, creating institutional chaos before the electoral year in Colombia. That has been the «modus operandi» of the strategists of the radical left, who in these times operate behind the scenes, infiltrated in environmental movements, university students, and union groups.

The protagonists of the continuation of the protests in Colombia are not those who initially would be most affected by President Duque’s tax reform. Those now in the streets are not the «middle class» and working class of the country. Violent groups are on the roads, duly organized, equipped, and trained to cause chaos and social disorder.

There is no doubt that the political and social destabilization of Colombia suits Maduro’s narco-dictatorship in Venezuela. President Duque has been an ally of the Venezuelan opposition and a promoter of the return to democracy in his neighboring country. Therefore, the Duque Administration in Colombia is an enemy of Nicolás Maduro and his ideological allies in Cuba and Nicaragua.

The organization of these protests in Colombia should not be a spontaneous reaction of society. Once the tax reform is removed from Congress, the violent riots respond to alter Colombia’s constitutional order and the current system of government.

Let us not lose perspective that there is an activity convenient for institutional chaos and totalitarian governments to develop their operations: Drug trafficking. Its precisely why these criminal organizations are natural allies of the Maduro, Ortega, and Castro regimes.

Those of us who believe in democracy and freedom; In respect for human rights, and a government system that allows people to develop to the maximum of their capacities should be concerned about the dangerous moment that Colombia is experiencing today.

This threat of the interests that today govern Cuba, Nicaragua, and Venezuela will not rest trying to do the same in the rest of the American hemisphere.

What is happening today in Colombia is precisely that.

Luego de que el pueblo de Puerto Rico se expresara en el Referéndum del pasado noviembre en favor de la admisión de la Isla como un Estado de los Estados Unidos, se procedió con la elección de la Delegación que se enviará al Congreso para reclamar acción legislativa en respuesta al mandato electoral. 

El resultado de esa Elección Especial nos deja unas lecciones que trascienden a los que participamos de este democrático evento electoral. 

Ahora Ricardo Rosselló Nevares pasó de ser un ex gobernador y presidente de su partido forzado a renunciar y desterrado al “exilio político”, a ser electo a un cargo público mediante nominación directa (Write In) por el pueblo; representando ser el líder “anti-establishment” en el movimiento estadista. 

Otro de los mensajes con repercusiones en todos los partidos de Puerto Rico, es que el voto “write in”, debidamente organizado, puede superar a las llamadas “maquinarias políticas” tradicionales. El pueblo progresista envió la primera señal en contra de la injusticia y la maldad en las pasadas primarias, específicamente en la elección de los candidatos a senadores por acumulación… 

La incuestionable realidad es que cada día la base de los partidos tradicionales se reduce más y aumenta el peso electoral de los llamados “no afiliados”. En el 2024 aumentará el voto motivado por la defensa de causas políticas y sociales, en relación al voto por disciplina partidaria. Los partidos y/o candidatos que comprendan esa dinámica que se está produciendo en la sociedad, podrán atemperar sus mensajes y propuestas a esa nueva realidad.

A lo interno del Partido Nuevo Progresista el resultado de la Elección Especial de la Delegación al Congreso lleva un contundente mensaje:

El evento electoral sirvió para que el pueblo estadista condenara la traición y la injusticia orquestada desde el Capitolio contra Ricardo Rosselló Nevares durante el verano del 19; precisamente a los mismos que objetaron el nombramiento del Lcdo. Pierluisi como Secretario de Estado. Debe interpretarse que también se emitió un voto de rechazo a quienes en el PNP hicieron causa común con sectores de la izquierda política en Puerto Rico para alterar el orden democrático en el llamado «verano del 19».

El pueblo estadista emitió un desagravio y reconocimiento a Ricardo Rosselló Nevares y su familia. El 16 de mayo del 2021 se cerró un capitulo para iniciar uno nuevo, teniendo como objetivo el logro de la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos de América.

Por Rafael Cerame:

Luego del accidentado proceso electoral del 2020 y transcurridos los primeros seis meses del gobierno de Luis Abinader, resulta oportuno realizar un análisis de la “radiografía” que al momento describe el escenario político dominicano.   

En términos gubernamentales, aunque el presidente Luis Abinader ha demostrado saber hacia dónde quiere dirigir la conducción del Estado, no necesariamente se puede decir lo mismo de los principales integrantes de su gabinete. Por momentos, el jefe del estado aparenta moverse a una velocidad mucho más rápida y certera que sus principales ministros, quienes, con algunas destacadas excepciones, proyectan estar aún en etapa de adaptación en sus cargos. 

Esa percepción se acentúa por la errática estrategia de comunicación pública originada desde el Palacio Nacional. 

Los desafíos inmediatos que el presidente Abinader debe superar son los siguientes: Lograr que el pueblo tenga confianza en sus ejecutorias para enfrentar la pandemia del Covid-19. Reactivar la actividad económica en el país y que ese movimiento comercial, empresarial y turístico se sienta en el bolsillo de todos los dominicanos. Si el gobierno no logra durante el 2021 que se produzca esa reactivación en la economía, los últimos dos años del actual mandato presidencial estarán enmarcados en una profunda crisis social, con un alto costo político para Luís Abinader y el PRM.

Debemos señalar que el historial personal, empresarial y político de Luis Abinader, confirma su gran capacidad, tanto intelectual como emocional, especialmente para lidiar de manera exitosa con situaciones de conflictos. Quienes menosprecien la capacidad como estratega de Luís Abinader, estarán cometiendo un pecado capital en la política.  Su proceder en el PRM así lo demuestra, pero más aún, la forma en que está manteniendo a la oposición política fracturada y con dificultades para crecer.  

Repasemos el acontecer político desde que Luís Abinader llegó al Palacio Nacional: La ofensiva gubernamental contra Danilo Medina y su entorno, a través de las investigaciones sobre corrupción en la gestión del PLD, mantiene a ese partido desarticulado; reduciendo su fortaleza electoral hasta convertirlo en un rehén del pasado presidente, quien utiliza el partido de la estrella amarilla como un bunker en estado de guerra. 

Por otra parte, la arbitraria decisión de la JCE, determinando que sólo el PRM y el PLD serán considerados como partidos mayoritarios, deja sin “fuerza” económica al partido liderado por Leonel Fernández. 

De esa forma, en tiempos de gran dificultad para su gobierno, Luis Abinader logra tres objetivos estratégicos fundamentales: 

1. Mantener desarticulado al PLD, bajo el tóxico liderazgo de Danilo Medina. 
2. La JCE limita los recursos que facilitarían el desarrollo de la Fuerza del Pueblo como opción electoral para el 2024. 
3. Mantiene fracturada la oposición, sin que uno de los dos partidos (PLD o Fuerza del Pueblo) pueda emerger con suficiente fortaleza para ganar en el 2024.  

Podrán escuchar “estrategas” adjudicarse el éxito electoral de Luis Abinader, pero la realidad es que el mérito le corresponde estrictamente al actual presidente de la República, como también le corresponderá, el resultado de su gestión gubernamental y el derrotero que le depare al PRM camino al 2024. 

El mayor problema que se puede divisar en el horizonte para el gobierno, radica en el alto nivel de endeudamiento en que se encuentra el Estado dominicano. Actualmente la deuda pública representa el 72% del Producto Interno Bruto (PIB). 

¿Podrá cumplir el Gobierno con los pagos contraídos por esa Deuda durante los próximos tres años? Para eso tendrá que reducir el tamaño de la estructura gubernamental; lograr aumentar los recaudos del Estado y ser más eficiente en la administración pública, haciendo más con menos recursos. 

Por otra parte, las posibilidades de éxito que puedan tener los partidos de oposición dependerán de la capacidad que tengan para conectar su mensaje con la mayoría de la sociedad. Un estudio reciente reflejó que en Latinoamérica dos terceras partes de la población no se siente parte de los partidos políticos tradicionales y en esa misma proporción rechazan la forma en que los líderes políticos se conducen.  

Es decir, dos terceras partes de la población sienten animosidad hacia la política tradicional. En un escenario como ese, la oposición al gobierno debe ser selectiva en los temas públicos a los cuales le dedica su atención y sobre los cuales debe desarrollar su mensaje al pueblo.

La efectividad en la función de fiscalizar al gobierno no radica en la intensidad y/o estridencia con que se lleva el mensaje, sino en el contenido y forma en que se comunica. En la correcta selección de los temas y en los voceros que se utilicen. Sobre ese particular, al momento, Luis Abinader gobierna sin oposición efectiva.  

En República Dominicana, los partidos de oposición y sus principales líderes, concentran sus mensajes y acciones dirigidos hacia un tercio de la población que vive en esa “burbuja” que constituyen las bases de sus organizaciones políticas. En otros tiempos, ese sector era la mayoría de la sociedad, pero no ahora. 

Quienes logren desarrollar un mensaje coherente y simple, sobre los temas que constituyen las verdaderas preocupaciones en el diario vivir de las familias dominicanas, y lo comuniquen de una forma inteligente, creativa e innovadora, establecerán una diferencia en la oposición y darán el primer paso en la dirección correcta para enfrentar en el 2024 a un gobierno que las circunstancias económicas anticipan tendrá graves problemas. 

Esa es la radiografía del momento que se vive hoy. Esperemos a ver la próxima al finalizar este año. Éxito a la República Dominica. 

Press reports originated in Washington D.C. they anticipated that next Tuesday, March 2, the legislation would be presented in the United States Congress to begin the process of admitting Puerto Rico as a state of the Union.

The legislative measure will have authors in the House, the Democratic Congressman for Florida, Darren Soto, and the Resident Commissioner of Puerto Rico, Jennifer González.

In the federal Senate, the measure will be led by Democratic Senator Martin Heinrich.

Puerto Ricans voted overwhelmingly in favor of the island being admitted as a state of the American Union. The governor of Puerto Rico, Pedro Pierluisi, will assume next week the representation of that electoral mandate, promoting in the federal capital the bipartite legislation that would start the process.

The new political scene in Washington should favor those who claim equal civil rights for Puerto Ricans as citizens of the United States.

Both President Joe Biden and the leadership of the Democratic Party in Congress have expressed their support for the admission of Puerto Rico and the District of Columbia in Washington as new states of the Union.

Por: Rafael Cerame

Al momento de publicar este artículo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador no ha terminado el escrutinio de las Actas para determinar quién será el candidato que disputará la elección presidencial frente a Andrés Arauz Galarza en una segunda vuelta, pautada para el 11 de abril.

La incertidumbre aumenta en la medida que el CNE se demora en resolver las controversias relacionadas a un 10% de las actas, las cuales catalogan de “Actas con Novedad”. Eso implica que al momento existen casi 4 mil actas con discrepancias y/o irregularidades en los resultados de los votos emitidos. 

Resulta evidente que el CNE ha tenido dificultades para administrar con agilidad el proceso. No obstante, depende de ese organismo rector electoral la estabilidad social y política de Ecuador, no solamente por el resultado final de esta elección, sino porque todavía le falta administrar el proceso definitorio el próximo 11 de abril. 

Analicemos lo que al momento es constatable de los resultados electorales:

1. El candidato del “Correísmo”, Andrés Arauz Galarza, clasificó para la segunda vuelta electoral, obteniendo aproximadamente un 32% de los votos.
2. El candidato que al inicio de la campaña se proyectaba como el de mayores posibilidades, Guillermo Lasso, sufrió un desplome durante el proceso, debilitándolo para consolidar un frente “anti-correa”, aún si finalmente llegara a clasificar para una segunda vuelta electoral.
3. El líder indígena Yaku Pérez, se convierte en la principal sorpresa de las elecciones, posicionándose camino a la clasificación para la segunda vuelta electoral.
4. Xavier Hervas resultó ser la segunda sorpresa electoral, al obtener más de un 15% de los votos, convirtiendo ese millón cuatrocientos mil votos en la “joya de la corona” que necesitan cautivar los clasificados para la segunda vuelta. 
5. Se demostró que el “Correísmo” dejó de ser la fuerza política dominante en Ecuador, al obtener un 30% de los votos, en relación al 57% que obtuvo Rafael Correa en el 2013, última elección en la que participó como candidato. 

¿Qué pudiera pasar en Ecuador ante los posibles escenarios de segunda vuelta electoral?

La posibilidad de un retorno al poder del “Correísmo” está presente en la candidatura de Andrés Arauz Galarza. Según las declaraciones emitidas por Rafael Correa desde Bruselas, ese sector de la izquierda ecuatoriana prefiere enfrentar a Guillermo Lasso en una segunda vuelta electoral, en lugar de tener que confrontarse con el líder indígena Yaku Pérez, quien representa otra vertiente ideológica de la izquierda en ese país. 

A juzgar por la cantidad de actas en controversia por adjudicar en el escrutinio de los votos, Guillermo Lasso mantiene alguna posibilidad de superar a Yaku Pérez. Al momento la diferencia en favor del líder indígena es de aproximadamente 48 mil votos, equivalente a un 0.5%. 

¿Tendría Lasso posibilidades de reinventarse para lograr liderar con éxito un frente “anti-correísmo” el 11 de abril? Para eso tendría que iniciar reconociendo los errores estratégicos en su campaña; aplicar el “cambio” a lo interno de su equipo y darle sentido a un nuevo mensaje que facilite la suma a su favor de los votos obtenidos por el candidato Xavier Hervas, además de cautivar una mayoría de los seguidores de Yaku Pérez. Ante las actuales circunstancias, el desafío para lograr esos objetivos luce inmensamente difícil.

¿Cómo reaccionarían los movimientos indígenas, si luego de estar prácticamente celebrando la clasificación de su candidato a una segunda vuelta electoral, el CNE certificara que el candidato que clasificó fuese Guillermo Lasso? Sin duda, en un escenario como ese, se pudiera estar produciendo un estallido social en Ecuador, razón por la cual el Consejo Nacional Electoral debe proceder con la mayor transparencia y agilidad posible.

Los ecuatorianos se enfrentan a un panorama de incertidumbre electoral, en el cual hay un factor incuestionable: los casi un millón quinientos mil votos obtenidos por el candidato presentado por la centro-izquierda, Xavier Hervas, serán determinantes en la elección del próximo presidente el 11 de abril.