Rafael Cerame

Por Rafael Cerame

El pasado domingo 2 de junio los dos principales partidos políticos en Puerto Rico nominaron sus respectivos candidatos a la gobernación mediante la celebración de Primarias.

Dicho evento electoral, además de cumplir el propósito de definir los candidatos que representarán a sus colectividades en las elecciones de noviembre, nos anticipa el perfil de la próxima contienda política y en las condiciones en que se encuentran los partidos.

Con su incuestionable victoria en la primaria, Jenniffer González Colón asume la candidatura a la gobernación y la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP) con el gran desafío de unificarlo luego de una campaña en la que predominaron los ataques personales y una demoledora crítica hacia la gestión gubernamental de Pedro Pierluisi.

Otro resultado incuestionable en la Primaria PNP fue el triunfo obtenido por el senador Thomas Rivera Schatz. Su figura y liderazgo pudieran ser instrumental para que el Partido Nuevo Progresista pueda llegar lo más unificado posible a las elecciones generales.

Mientras tanto, en el Partido Popular Democrático (PPD) deberían tener una enorme preocupación, no necesariamente por quién resultó nominado candidato a la gobernación, sino por las condiciones en que la Primaria evidenció se encuentran.

El PPD apenas logró movilizar 135 mil electores, lo que representa el equivalente al 47% del total de electores que participaron en la Primaria del PNP. Por lo tanto, con el mismo razonamiento que se argumenta que los partidos tradicionales llevan más de una década perdiendo fuerza, se tiene que concluir dos incuestionables realidades: El PNP continúa siendo el principal partido en Puerto Rico y el PPD colapsó.

Los graves problemas que hoy confronta el partido que fundó Luis Muñoz Marín no se limitan a la carencia de propuestas para los problemas de Puerto Rico – ahora la Primaria confirmó que no cuentan con una organización electoral, ni con la estructura política y financiera para poder competir en las elecciones generales con opciones de prevalecer. Camino a noviembre el PPD parece estar destinado a llegar fuera de las primeras dos posiciones.

Esa radiografía del PPD afectará las posibilidades de quién hoy se proyecta como su principal figura y candidato a Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández Rivera.

El nieto de Rafael Hernández Colón ha incursionado en la política electiva manteniendo el discurso del Partido Popular de la década de los años 70 y proponiendo la extensión indefinida del estatus colonial actual en Puerto Rico.

Esa proyección anticuada del joven candidato y las deficiencias en la organización del PPD representan sus principales desafíos. ¿Logrará modificar su mensaje en busca de los votos externos al PPD que necesita para prevalecer? ¿En cual sector ideológico buscará esos votos?

En lo que define su estrategia, en el PNP lo espera un candidato que resultó nominado de manera contundente, el senador William Villafañe y en el sector de la izquierda, una candidata que aparenta tener la capacidad de aglutinar el voto de ese sector ideológico, la senadora Ana Irma Rivera Lassén.

En resumidas cuentas, un escenario poco favorable para Pablo José Hernández Rivera.

Las Encuestas…

El análisis de las principales encuestas que fueron publicadas para las Primarias también debe ser objeto de escrutinio. NINGUNA logró predecir el resultado dentro de sus respectivos márgenes de error.

En relación a la Primaria PNP la encuesta que más se acercó al resultado final de la elección fue la publicada por El Nuevo Día, que presentó a Jenniffer González con una ventaja de 2% y ella resulto ganadora con un 9% sobre Pedro Pierluisi.

En el caso de la Primaria PPD la encuesta que más se acercó al resultado electoral fue la comisionada por Jagual Media, quien anticipaba una victoria de Jesus Manuel Ortiz por un 16% y este resultó vencedor por un 23.5% de los votos frente a Juan Zaragoza.

Es decir, las encuestas de El Nuevo Día y de Jagual Media tuvieron un margen de diferencia de 7% a 7.5% en las primarias del PNP y PPD respectivamente, superando el margen de error estimado en 3%.

La encuestadora con mayor grado de error en el evento primarista fue AtlasIntel, que venía precedida con el mejor historial reciente a nivel internacional.

La Comisión Estatal de Elecciones…

El desempeño de la Comisión Estatal de Elecciones debe ser analizado con mucha seriedad y objetividad. De esa institución depende la confianza pública en lo que debe representar el alma de un sistema de gobierno en la democracia: su legitimidad.

Mi reflexión es la siguiente: No hay que forzar el uso de maquinas de votación para las elecciones generales si no se cuenta con los recursos económicos y la última tecnología en equipos para qué, al menos, se instalen 3 maquinas por colegio. Si eso no fuese posible, se debe proceder con el voto manual y realizar la transmisión del acta de escrutinio de manera electrónica.

Lo más importante debe ser que se le facilite a los electores un proceso rápido, sin extensas filas y espera para emitir su derecho al voto. Si la Comisión Estatal de Elecciones no puede garantizar la cantidad de maquinas por colegio que facilite un proceso rápido, se debe votar de manera manual.

Luego de la Primaria podemos anticipar un reordenamiento del escenario político en Puerto Rico camino a noviembre, fundamentado en los siguientes factores:

1. Los partidos tradicionales han perdido la fortaleza que tuvieron durante los pasados 50 años en Puerto Rico, aunque, sin lugar a dudas, el PNP continúa siendo el principal partido político.
2. El PPD se encuentra en el peor momento de su historia; carente de un líder con la capacidad de representar una oferta electoral viable para las elecciones de noviembre; sin la organización que se requiere para competir y peor aún, sin el mensaje para ganar.
3. En la medida que los partidos tradicionales se reducen en su base de militantes, aumenta en su periferia una masa de electores, qué, aunque definidos ideológicamente, se consideran independientes a los partidos políticos.
4. Ante ese escenario, el candidato(a) a la gobernación que logre alcanzar el 40% de los votos en noviembre tendrá asegurada la victoria.
5. ¿A cual candidato(a) pudiera afectar más la candidatura a la gobernación de Javier Jiménez, nominado por el conservador partido Proyecto Dignidad?

En este momento Jenniffer González Colón es la candidata con mayor posibilidades de acercarse a ese 40% de los votos, siendo su principal contendiente, Juan Dalmau, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la llamada alianza de la izquierda en Puerto Rico.

Camino a noviembre se avecina una campaña de polarización ideológica, de grandes contrastes en las propuestas para enfrentar los principales problemas de Puerto Rico.

¿Cómo se podrá mantener la estabilidad económica que experimenta Puerto Rico en este momento? ¿Cual modelo de gobierno estimulará más el desarrollo económico y el clima de inversión en la Isla? ¿Estará en peligro el sistema de libre empresa al que estamos acostumbrados con la elección de un gobernador de la izquierda? ¿Como reaccionaría Washington ante la elección de un gobernador que promueva la independencia para Puerto Rico?

Esos cuestionamientos marcarán la discusión pública y el desarrollo de la campaña camino a noviembre en Puerto Rico.

Pase usted juicio sobre las propuestas que le presenten los candidatos y sus partidos políticos. Evalúe esos cuestionamientos y cómo su voto pudiera afectar positiva o negativamente la calidad de vida de su familia.

De eso se trata el camino a noviembre…

Por Rafael Cerame

El próximo domingo 2 de junio se efectuarán en Puerto Rico las Primarias para nominar los candidatos que los partidos políticos presentarán ante la consideración del pueblo en las elecciones generales de noviembre del presente año.

Sin entrar en consideraciones personales sobre lo que entiendo debe ser el resultado electoral del próximo domingo, deseo compartir con ustedes mi análisis relacionado a los desafíos que tendrán que superar los partidos post Primarias en el camino a las elecciones de noviembre.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) deberá sanar las heridas que a lo interno de la colectividad se han producido como consecuencia de una campaña de ataques personalistas, originados principalmente por la Comisionada Residente en Washington Jennifer González, contra el gobernador Pedro Pierluisi.

¿Cuál de los dos aspirantes a la candidatura a la Gobernación tiene las mejores condiciones para unificar el PNP? A mi juicio Pedro Pierluisi. Su carácter y temperamento conciliador son factores que hacen concluir de manera lógica que el gobernador tiene más posibilidades de unificar su colectividad política que las que pueda tener Jennifer González, quien desató contra él una campaña propia de la oposición y no de quien fue su compañera de papeleta en las pasadas elecciones.

Otro desafío para el PNP radica en presentarle al electorado una oferta de candidatos legislativos que refresque la imagen del partido, en momentos en que aumenta el rechazo en la mayoría de la sociedad puertorriqueña hacia los políticos tradicionales y su forma de proceder.

Eso último también le aplica al Partido Popular Democrático, cuya imagen de sus legisladores, particularmente los responsables de dirigir la Cámara y el Senado, es negativamente valorada por la mayoría de la población.

Las Primarias servirán también para medir la fortaleza de los dos principales partidos políticos en Puerto Rico. ¿Qué pasaría en el PPD si no logran superar la participación de 200 mil electores en su Primaria para nominar su candidato a la Gobernación? Una participación electoral menor a los 150 mil electores en el partido que fundó Muñoz Marín confirmaría un irreversible proceso de colapso definitivo del PPD camino a noviembre.

De igual forma, una participación de sobre 300 mil electores en el PNP ratificaría que continuaría siendo la principal fuerza política en Puerto Rico.

Definidos esos escenarios a partir de la noche del próximo domingo, comenzará el proceso de planificación estratégica de la campaña para las elecciones de noviembre.

El partido y los candidatos que puedan demostrar posterior a la Primaria contar con la mejor estructura; el equipo estratégico más efectivo, el mensaje adecuado para conectar con la mayoría de la población y las mejores propuestas, estarán en condiciones de definir la campaña que les permita enfrentar con éxito a una oferta alternativa que hoy presenta la izquierda política en Puerto Rico, encabezada por el candidato a la Gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

La democracia se fortalece cuándo la voluntad de la mayoría es la que prevalece en las urnas de votación. El lunes 3 de junio iniciará el tramo final de la campaña electoral en Puerto Rico.

Por: Rafael Cerame

Santo Domingo – La contundente reelección en República Dominicana del presidente Luis Abinader, lo posiciona como uno de los principales líderes de Latinoamérica y un referente en términos de las políticas públicas que su Administración puso en marcha para enfrentar situaciones de crisis que afectaron al mundo durante los pasados cuatro años.

Teniendo como su carta de presentación la exitosa recuperación económica post pandemia del Covid; la reactivación de la industria del turismo y la reducción de la tasa de desempleo a los niveles más bajos en los últimos 40 años, Luis Abinader se enfrentó en las elecciones del pasado 19 de mayo al ex presidente Leonel Fernández, en representación del Partido Fuerza del Pueblo (FP) y al ex alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, nominado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El presidente Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y una poderosa coalición de partidos políticos, obtuvo el 57.50% de los votos, frente a su más cercano contenedor, Leonel Fernández, que obtuvo el 29% de los sufragios.

La contundencia de la victoria del presidente Abinader se refleja en la abrumadora mayoría que obtuvo el PRM en el Congreso y el Senado de la República; además de haber ganado el 75% de las alcaldías del país.

Luis Abinader iniciará el 16 de agosto su segunda Administración con un sólido mandato del pueblo Dominicano para implementar los cambios que ha iniciado y los que se propone desarrollar en áreas altamente sensibles, pero absolutamente necesarias, como lo son la reforma fiscal y la refundación de la Policía Nacional.

A pesar de haber logrado las mayorías legislativas que le permitirán impulsar sus políticas públicas sin tener que recurrir a acuerdos con la oposición, la primera acción anunciada por el presidente Abinader fue convocar a un encuentro con los principales líderes políticos de los otros partidos, con el objetivo de buscar consenso en las áreas que provocarán mayor discusión en la sociedad Dominicana.

Luego de efectuarse el primer encuentro con el candidato del PLD, Abel Martínez y de Leonel Fernández haber aceptado reunirse con el presidente Abinader, la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo determinó que ese encuentro quedaba en suspenso de manera indefinida.

Simultáneamente a esa determinación de la FP, desde la Casa Nacional del PLD se anunciaba que su presidente, Danilo Medina, abandonará la dirección de ese partido para facilitar la renovación de la colectividad fundada por Juan Emilio Bosch Gaviño.

Con esas primeras acciones de los partidos de oposición, post elecciones, se define un contraste entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Por un lado, el Partido de la Liberación Dominicana, da muestras de reconocer la necesidad de renovarse luego de sufrir su peor derrota desde el 1982. Mientras, desde la sede de la Fuerza del Pueblo, continúan actuando conforme lo dicta la política tradicional que la sociedad Dominicana rechazó en las elecciones del 19 de mayo.

Los desafíos inmediatos que Luis Abinader tendrá que enfrentar radican en presentar una reforma fiscal que le haga justicia a la clase media y trabajadora, sobre la cual actualmente descansa el mayor peso de la carga de impuestos, para lograr una redistribución de los mismos y que esa carga la asuman los sectores con mayor capacidad económica, compensando así los que menos tienen.

En ese sentido, Luis Abinader tendrá la oportunidad de pasar a la historia como el presidente que bajó los impuestos a la mayoría de los Dominicanos, rompiendo con el estigma que han tenido los llamados a una «reforma fiscal» en el país.

En materia de seguridad pública, el presidente Abinader deberá presentarle a la ciudadanía los resultados de la llamada «reforma policial», que básicamente implica una refundación de la Policía Nacional.

Haití continuará siendo objeto de escrutinio por la población Dominicana y Luis Abinader, como líder de la región, tendrá que continuar exigiendo la colaboración internacional para lograr la pacificación del vecino país y mantener una relación bilateral constructiva, en la cual garantice la seguridad nacional de la República Dominicana.

En esa agenda, a la que hay que añadirle una extensa lista de prioridades para la sociedad Dominicana, estará centrada la atención durante los próximos tres años. No digo cuatro años, porque el último año, el 2028, será uno electoral, dónde el presidente Abinader NO será candidato.

Quienes tengan sus miras puestas en el 2028 con pretensiones de suceder al presidente Abinader en el Palacio Nacional, ya sea aquellos que busquen la candidatura presidencial en el PRM, como en los restantes partidos de la oposición, deben tener presente que serán sus actuaciones en favor del bienestar colectivo las que marcarán sus posibilidades, en lugar de mantener un proceder políticamente tradicional, basado en la confrontación partidaria.

Mientras tanto, el momento es de Luis Rodolfo Abinader Corona.

Por Rafael Cerame

Hace unas horas cobró efectividad la orden emitida por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de cerrar la frontera de su país con Haití, en respuesta a la improvisada construcción de un artesanal canal que tendría el efecto de alterar el curso del río Dajabón, que nace en las montañas dominicanas y discurre en una pequeña porción del territorio haitiano.

La controversial construcción del canal inicialmente fue atribuida a empresarios agrícolas de la región fronteriza haitiana, indicando el «gobierno» de ese país que se les dificultaba interactuar con ellos para detener dicha obra. Posteriormente, en una declaración oficial, las autoridades de Haití reclamaron el derecho soberano de ese país para hacer uso de aguas en su territorio.

Tratados internacionales disponen que las aguas de ríos que comparten más de un país requieren de un mutuo acuerdo para alterar su curso y/o desarrollar proyectos de infraestructura utilizando dicho recurso natural.

En el caso del río Dajabón – llamado «Masacre» en referencia a sangrientos eventos que culminaron en una matanza de ciudadanos haitianos ordenada por el dictador Rafael Leonidas Trujillo en el 1937 – el mismo se origina y desemboca al mar en territorio de la República Dominicana.

Para resolver una controversia como la que se está desarrollando en esa frontera se requiere un diálogo entre las partes. En ese sentido, la República Dominicana está representada por un gobierno debidamente constituido. Ese no es el caso de Haití, dónde impera un caos institucional.

El 7 de Julio del 2021 fue asesinado el presidente de Haití Jovenel Moise. Al momento NO existe un presidente en ese país, ni cuentan con una legislatura en funciones. La representación de su gobierno recae sobre la débil figura de un Primer Ministro, Ariel Henry, asediado por las organizaciones de narcotráfico que controlan ese país mediante el terror y la violencia provocadas por sus bandas criminales.

La permanencia del caos y el desorden es el escenario perfecto que necesitan las organizaciones del narcotráfico que han establecido en Haití su centro de operaciones y transbordo de droga hacia Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Esos poderes terroristas son los que día tras día fomentan la permanencia de un narco-estado en Haití, el cual les sirve para sus multimillonarios intereses, en conexión permanente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y los grandes carteles mejicanos con sus satélites en Colombia, Nicaragua y Cuba.

La única salida para liberar al golpeado pueblo haitiano del poderoso narcotráfico establecido en su territorio, radica en una intervención militar humanitaria, como en múltiples ocasiones ha reclamado el presidente Luis Abinader, y dar comienzo a un proceso de pacificación social que permita la celebración de elecciones en Haití.

En este momento el gobierno de la República Dominicana no tiene con quien sentarse a dialogar en representación de Haití que tenga una autoridad real para definir una solución al conflicto relacionado al río «Masacre».

Esta crisis en la frontera debe servir para nuevamente alertar a la comunidad internacional sobre la necesidad de proceder con una intervención para rescatar al pueblo haitiano de las garras del narcotráfico. Esa intervención la deben encabezar los Estados Unidos y naciones aliadas, ya que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad de todos los gobiernos democráticos y libres del mundo.

La liberación de Haití del narcotráfico es una responsabilidad mundial y para eso la comunidad internacional NO puede pretender diseñar una solución dominicana a la crisis haitiana.

Por décadas la República Dominicana ha asumido demasiados problemas de la sociedad haitiana, de manera solidaria, pero injusta para los intereses dominicanos. El momento para que la comunidad internacional actúe es ahora.

Por Rafael Cerame:

El fenómeno Bad Bunny amerita un análisis sociológico, para comprender a un sector considerable, por no decir mayoritario, de una nueva generación en Puerto Rico.

Esos jóvenes crearon una jerga, un dialecto puertorriqueño. En términos culturales han definido un comportamiento social. Han marcado un sentimiento rebelde. ¿De dónde proviene ese sentimiento y esa rebeldía? Considero, qué, en gran medida es producto de un deficiente sistema educativo.

Un sistema de educación pública que cumpla con su función debería producir ciudadanos que dominen su vernáculo, además del idioma de su ciudadanía. Escuchando a esa generación urbana, nos percatamos que se comunican en una jeringonza híbrida que ni es español, ni tampoco inglés.

Esa generación, con rasgos muy definidos, reflejan rebeldía ante lo institucional, qué, en gran medida, responsabilizan por su incomodidad ante lo tradicional y la falta de oportunidades.

Esos, ven en Bad Bunny al muchacho que siendo cómo ellos, hablando cómo ellos y «jodiendo» cómo ellos, triunfó y logró reconocimiento mundial. Por eso es su orgullo y así lo idolatran. 

Es evidente, qué, tanto Bad Bunny, cómo instrumento para mover a esa nueva masa social, cómo otras figuras representativas de ese genero urbano, representan una plataforma que la izquierda política está utilizando para movilizarlos electoralmente en el 2024. Ese grupo, que en este momento no se podría precisar con certeza su peso electoral, no razona ni vincula los temas económicos a la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Ese grupo responsabiliza a los políticos corruptos por los problemas económicos y sociales en Puerto Rico: PUNTO. 

Sobre ese particular, resultó evidente los mensajes y alusiones a figuras del independentismo puertorriqueño en la presentación de Bad Bunny al salir a la tarima en su «covid-concierto«. La figura del conejo malo es la vía buena para la izquierda timonear esa generación a su favor. Esa es una realidad.

Cómo también es una realidad que Bad Bunny se ha convertido en una millonaria industria, que unido a otros exponentes del llamado genero urbano, están invirtiendo sus recursos para tener presencia en el espectáculo deportivo, cómo lo es la liga de baloncesto BSN, equipos de béisbol profesional y próximamente en el voleibol en Puerto Rico. 

En esa «industria» la izquierda puede tener acceso a un capital que hasta el momento no tenía. Es decir, ahora tendrán, para el ciclo electoral del 2024, nuevas tropas y recursos económicos.

Si lograran canalizar el voto de ese sector hacia un sólo movimiento político, las posibilidades de llegar al poder serían reales, considerando la reducción en votos que han tenido tanto el PNP cómo el PPD durante los pasados 12 años.

Otro ingrediente que debemos añadir al análisis es la gran hipocresía con la cual un importante sector de la prensa juzga a esas figuras prominentes del llamado género urbano y otros «influencers» protagonistas de las convocatorias a las protestas durante el «verano del 19».

Durante la cobertura del juicio por violaciones a la ley de armas contra el productor de música urbana Raphy Pina, previamente convicto por un delito de fraude financiero, fue evidente cómo un gran número de periodistas hacían continua referencia a las cualidades del acusado como un hombre de familia; una persona que ayuda a la juventud y un trabajador dedicado. En fin, un ciudadano ejemplar. 

Personalmente NO tengo absolutamente nada en contra de Raphy Pina, a quien no conozco. De lo que trata este análisis es de poner en perspectiva la doble vara con que se mide en Puerto Rico a personas vinculadas a sectores ideológicos diferentes. 

Por ejemplo: Aún después de su convicción mediante un veredicto unánime de 12 jurados, una periodista de un programa de análisis en un canal de televisión señala que Pina resultó culpable por una «alegada posesión de armas ilegales«. En cambio, a los que fuimos señalados de participar en un chat privado, que las investigaciones confirmaron que fue manipulado para propósitos de hacerlo público y que se demostró que no constituyó violación de ley alguna, se nos pretende condenar perpetuamente ante la opinión pública por ese sector de los medios.

Para esa «periodista» y los que como ella actúan en los medios de comunicación, las armas ilegales en una propiedad de Raphy Pina no constituye la comisión de un delito grave y hasta catalogan el caso de una persecución en contra del productor de música urbana. ¿Cómo se sentirán los familiares de los miles de víctimas de asesinatos en Puerto Rico a manos de criminales con ese tipo de armas ilegales, al ver como se pretende minimizar la tenencia de esas armas en el Caso Pina?

No debe haber duda que hay una agenda mediática para timonear ideológicamente a un sector de una nueva generación de puertorriqueños hacia la izquierda política. Parte de esa estrategia radica en sacarle provecho político al caos y la inestabilidad social, en lugar de combatir las causas que provocan esos problemas. En ese sentido, la proyección internacional que tienen las masacres tipo carteles mejicanos que se están produciendo en la Isla, y los arrestos por corrupción de políticos electos bajo las insignias del PNP y el PPD, van creando las condiciones de una tormenta perfecta para un asalto de la izquierda en Puerto Rico.

Ese sector político pesca en las aguas turbulentas del caos social, por lo tanto, les sacan provecho a las imágenes de la violencia, masacres del narco, la corrupción y el aumento en la rebeldía de la generación del conejo malo. Su agenda es y será promover la continuidad del caos…

¿Estará realmente consciente el liderato del Partido Nuevo Progresista de esa situación? ¿Estará igualmente consciente de eso el sector pro-americano del PPD? 

Mañana nuevamente saldrá el sol y en 35 meses se efectuarán las elecciones del 2024…

Por: Rafael Cerame

Los resultados de las elecciones presidenciales en Chile, en la cual resultaron favorecidos José Antonio Kast, del conservador Partido Republicano, y Gabriel Boric, candidato de Convergencia Social, definen el escenario para una segunda vuelta electoral el 19 de diciembre donde se confronten los polos ideológicos de la izquierda frente a la derecha.

De un primer análisis de esos resultados se puede concluir que José Antonio Kast se encuentra en una mejor posición para construir una coalición de fuerzas políticas que le faciliten superar el 50% en el llamado «balotaje». Se puede llegar a ese razonamiento lógico sí tomamos en consideración los siguientes datos:

1. Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente (PDG), que encabeza un movimiento de corte populista de centro-derecha, arribó en la tercera posición obteniendo el 12.80% de los votos.
2. Sebastián Sichel, candidato presentado por la colación de centro-derecha Chile Vamos, recibió el 12.79% de los votos.

Ambos, Parisi y Sichel, son ideológicamente más afines a José Antonio Kast que a las políticas de izquierda que representa Gabriel Boric, por lo tanto, es de suponer que el candidato del Partido Republicano debería lograr acuerdos con ellos para conformar una fuerte coalición anti izquierda en Chile.

Sumando el porcentaje de votos obtenidos por Kast, Parisi y Sichel, alcanzarían en su conjunto el 53.50%. Aunque en la política eso no necesariamente se traduce de manera automática en votos para una segunda vuelta electoral, representa una plataforma sobre la cual se puede desarrollar un mensaje que les permita superar el 50% el próximo 19 de diciembre.

Hay otros factores externos que inciden en la campaña electoral chilena para la segunda vuelta, los cuales se pudieran utilizar en contra del candidato Gabriel Boric. Se trata del historial que representan los principales gobiernos de izquierda en el hemisferio americano durante los asados 20 años.

El marco de referencia de Hugo Chávez y Nicolas Maduro en Venezuela, cuyas políticas y violaciones a los derechos humanos han llevado al colapso de ese país, no ayuda a la proyección de Boric en Chile. De igual forma la situación en Nicaragua, Cuba y su vecino inmediato Argentina.

Mirarse en el espejo de los Castro en Cuba, Ortega en Nicaragua y Evo en Bolivia no es positivo para Gabriel Boric. De igual forma la izquierda chilena intentará traer a la campaña de José Antonio Kast el historial de Augusto Pinochet en ese país.

En definitiva la segunda vuelta electoral en Chile anticipa una confrontación ideológica entre dos filosofías de gobierno: el socialismo, encabezado por un liderazgo claramente marcado por la izquierda radical y el modelo de libre empresa, mercado y libertad ciudadana que representa la derecha chilena.

Una sociedad que ha vivido los traumas de un golpe de estado; violaciones de derechos humanos y las represiones de una dictadura, se enfrenta al desafío de no olvidar el pasado, mirando hacia el futuro. No tengo dudas que un gobierno de izquierda en Chile afectaría la estabilidad económica y la calidad de vida en ese país. ¿Lograrán superar los traumas del pasado sin cometer un error que tenga un alto costo para el Chile actual? ¿Lograrán cerrar las heridas ocasionadas por pasadas confrontaciones ideológicas en Chile?

Nuestros mejores deseos para el pueblo chileno en la segunda vuelta electoral el 19 de diciembre.

Por Rafael Cerame:

Las imágenes de las protestas que se están produciendo en Cuba, reclamando libertad y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos están destacándose en medios de comunicación en todo el mundo.

Resulta una acción inusual para un pueblo que ha vivido bajo el control absoluto del aparato represivo del estado comunista durante 60 años. Es evidente, tanto por la intensidad de las manifestaciones, como por los abusos y crímenes de que son víctimas los que protestan, que el pueblo cubano perdió el miedo a reclamar su libertad.

En Puerto Rico, luego del llamado «verano del 19», donde se escenificaron contundentes manifestaciones en contra del gobierno, principalmente organizadas por dirigentes de movimientos de la izquierda, reconocidas figuras de la farándula, de la religión y el deporte, se han reclamado expresiones de esos mismos grupos respecto a lo que está aconteciendo en Cuba.

El silencio absoluto de la dirigencia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es comprensible y no se les debe pedir lo contrario, ya que por décadas han sido los aliados ideológicos en Puerto Rico de la revolución cubana, del chavismo en Venezuela y del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

De igual forma, los principales dirigentes del moviendo sindical en la Isla y los más activos «influencers» que participaron en las protestas del «verano del 19», han sido promotores ideológicos de los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Unos han devengado dinero directamente de parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, como es el caso de Rubén Berrios Martínez, quien asumió la responsabilidad de ser asesor del dictador nicaragüense, y otros dirigentes de la izquierda boricua, recibieron ayuda económica y logística para los eventos ocurridos en Puerto Rico en el 2019.

Por tal razón, sería contradictorio que quienes han recibido ayuda de los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua para adelantar sus causas políticas en Puerto Rico, ahora le den la espalda a esos dictadores haciendo expresiones públicas denunciando los crímenes y las violaciones a los derechos humanos en esos países.

Rubén Berrios, Juan Dalmau, María de Lourdes Santiago, Manuel Natal, Carmen Yulín Cruz, Julio Muriente, Angel Figueroa Jaramillo, René Pérez «Residente», Jorge Pabón «Molusco» y Bad Bunny, entre muchos otros, incluyendo figuras de los medios de comunicación y de la prensa, prefieren guardar silencio en lugar de denunciar a sus aliados ideológicos en Cuba. Esa es la incuestionable realidad.

El tiempo y las circunstancias facilitarán que se entienda en su justa perspectiva las motivaciones políticas de esos personajes y el peligro que representan para la calidad de vida en Puerto Rico. Unos, políticos de reconocida capacidad intelectual, otros llamados «influencers» con la carencia de la misma, se unen en reclamos populares en la Isla, como ocurrió en el llamado «verano del 19»; y ahora con su silencio, continuan unidos como cómplices de los atropellos y las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa es su agenda en el «verano del 21»: callar…

Por Rafael Cerame:

Generalmente los cambios, y en éste caso, las transformaciones en la forma que se administra un servicio básico al pueblo, como lo es la energía eléctrica, provocarán resistencia, dudas y ansiedad en la sociedad.

Esa realidad la aprovechan sectores de la oposición política al gobierno de turno para adelantar sus intereses y minar su credibilidad. Así ha ocurrido en muchos países donde se producen ese tipo de transformaciones en la prestación de servicios al pueblo.

En el caso de Puerto Rico debemos partir de unas premisas en la cual la inmensa mayoría de los ciudadanos están de acuerdo: El sistema de generación de energía es deficiente; su alto costo no se ajusta al servicio que se ofrece y la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a cargo del estado quedó obsoleta.

Estipulando como correcta esa premisa, el cuestionamiento que procede sería cómo cambiar lo que evidentemente no está funcionando bien. Ante esa realidad el gobierno procedió a legislar la transformación del sistema de energía en Puerto Rico.

Esa acción ejecutiva se produce luego del colapso del sistema de energía ocasionado por el catastrófico huracán María a finales del año 2017.

El proceso llevó al gobierno a adjudicar la contratación de la empresa LUMA Energy para que asuma la administración y mantenimiento de la red de transmisión de la energía en la Isla, mientras la generación de electricidad la mantiene la AEE y otras generatrices privadas que le venden a la propia Autoridad la energía que producen.

Las protestas que se han producido a raíz de la mencionada contratación han estado matizadas por consignas políticas contrarias al gobierno, ideológicamente argumentadas por dirigentes de la izquierda en Puerto Rico, con el acompañamiento en el coro del resto de la oposición al PNP y algunos políticos del partido oficialista.

Las interrupciones en el servicio de energía continúan. Algunas son producto de las deficiencias que existen en la capacidad de generación de energía y otras como consecuencia de averías en la débil red de transmisión de la electricidad.

Para superar ambas causas, se necesita una multimillonaria inversión de recursos, los cuales provienen de asignaciones del gobierno federal de los Estados Unidos, en partidas destinadas a la reconstrucción de la Isla como consecuencia de los daños ocasionados por el huracán Maria.

Ante ese escenario, la UTIER, gremio que agrupa a los empleados de la AEE, asume el frente en las protestas en contra del gobierno. La historia ha demostrado que en previos conflictos obrero patronales, personal de la UTIER fue responsable de ocasionar daños a facilidades de la AEE mediante actos de sabotajes al sistema de energía en Puerto Rico. ¿Son responsables de actos de sabotajes en este momento? Las investigaciones que se están realizando serán la que responsablemente determinarán que ocurrió en las facilidades de Monacillos y otros incidentes relacionados a las interrupciones del sistema eléctrico. De lo que no puede haber duda, es del proceder histórico de quienes encabezan las protestas en contra de la transformación del sistema de energía en Puerto Rico.

Ese es el escenario actual relacionado a la transformación del sistema de energía en Puerto Rico. Falta mucho camino por recorrer para lograr ese objetivo. En ese proceso, unos sectores políticos intentarán sacarle provecho a la crisis, fomentado el caos y el desorden, para adelantar sus causas ideológicas, en un libreto que se repite en otros lugares de Latinoamérica.

Mientas tanto, le corresponde al gobierno mantener el orden en nuestro pueblo, garantizando los derechos de todos los ciudadanos. Cumplir con su responsabilidad de supervisar el contrato otorgado a la empresa LUMA y hacer cumplir la ley en protección del interés público.

El objetivo que todos debemos perseguir, debe ser que la transformación del sistema de energía tenga como resultado un mejor servicio que el actual; mediante una generación de electricidad con fuentes renovables, más limpia y a un menor costo. En ese camino, la empresa y/o el gobierno que no cumpla con ese objetivo, deberá salir del mismo.

Esa debe ser la agenda de Puerto Rico.

Ahora actuemos con prudencia y demos un tiempo razonable para ver los resultados del proceso de transformación que ha comenzado. Después de todo, han sido décadas las que hemos soportado con un deficiente sistema operado por la AEE…

By Rafael Cerame

Violent protests have taken place in Colombia for a month, initially as a popular reaction to the presentation of a tax reform bill that would increase taxes, affecting the country’s middle class and working sectors.

After four days of protests, President Iván Duque, who during his campaign developed the slogan «fewer taxes and more wages,» withdrew the legislation and called for a national dialogue table in search of consensus to evaluate alternatives that allow increasing the collections of the nation.

However, the protests did not stop, and have been 29 days of uninterrupted demonstrations, affecting commerce, transportation, and essential services to the population, aggravating the problematic situation of the Covid-19 pandemic in Colombia.

After the withdrawal of the controversial legislation that aspired to raise 23.4 billion Colombian pesos (6.3 billion dollars), who are the protagonists of the protests in that country? In answer to that question, it will be possible to show who is behind the «hooded» in those demonstrations …

Logical reasoning to try to understand what is happening in Colombia leads us to question the continuity of the protests if, on the fourth day after they took place, they managed to get President Duque to withdraw the tax reform bill from Congress and call for dialogue.

From the analysis, it can be concluded that the continuation of the protests responds to a political objective: to destabilize the country, creating institutional chaos before the electoral year in Colombia. That has been the «modus operandi» of the strategists of the radical left, who in these times operate behind the scenes, infiltrated in environmental movements, university students, and union groups.

The protagonists of the continuation of the protests in Colombia are not those who initially would be most affected by President Duque’s tax reform. Those now in the streets are not the «middle class» and working class of the country. Violent groups are on the roads, duly organized, equipped, and trained to cause chaos and social disorder.

There is no doubt that the political and social destabilization of Colombia suits Maduro’s narco-dictatorship in Venezuela. President Duque has been an ally of the Venezuelan opposition and a promoter of the return to democracy in his neighboring country. Therefore, the Duque Administration in Colombia is an enemy of Nicolás Maduro and his ideological allies in Cuba and Nicaragua.

The organization of these protests in Colombia should not be a spontaneous reaction of society. Once the tax reform is removed from Congress, the violent riots respond to alter Colombia’s constitutional order and the current system of government.

Let us not lose perspective that there is an activity convenient for institutional chaos and totalitarian governments to develop their operations: Drug trafficking. Its precisely why these criminal organizations are natural allies of the Maduro, Ortega, and Castro regimes.

Those of us who believe in democracy and freedom; In respect for human rights, and a government system that allows people to develop to the maximum of their capacities should be concerned about the dangerous moment that Colombia is experiencing today.

This threat of the interests that today govern Cuba, Nicaragua, and Venezuela will not rest trying to do the same in the rest of the American hemisphere.

What is happening today in Colombia is precisely that.

Luego de que el pueblo de Puerto Rico se expresara en el Referéndum del pasado noviembre en favor de la admisión de la Isla como un Estado de los Estados Unidos, se procedió con la elección de la Delegación que se enviará al Congreso para reclamar acción legislativa en respuesta al mandato electoral. 

El resultado de esa Elección Especial nos deja unas lecciones que trascienden a los que participamos de este democrático evento electoral. 

Ahora Ricardo Rosselló Nevares pasó de ser un ex gobernador y presidente de su partido forzado a renunciar y desterrado al “exilio político”, a ser electo a un cargo público mediante nominación directa (Write In) por el pueblo; representando ser el líder “anti-establishment” en el movimiento estadista. 

Otro de los mensajes con repercusiones en todos los partidos de Puerto Rico, es que el voto “write in”, debidamente organizado, puede superar a las llamadas “maquinarias políticas” tradicionales. El pueblo progresista envió la primera señal en contra de la injusticia y la maldad en las pasadas primarias, específicamente en la elección de los candidatos a senadores por acumulación… 

La incuestionable realidad es que cada día la base de los partidos tradicionales se reduce más y aumenta el peso electoral de los llamados “no afiliados”. En el 2024 aumentará el voto motivado por la defensa de causas políticas y sociales, en relación al voto por disciplina partidaria. Los partidos y/o candidatos que comprendan esa dinámica que se está produciendo en la sociedad, podrán atemperar sus mensajes y propuestas a esa nueva realidad.

A lo interno del Partido Nuevo Progresista el resultado de la Elección Especial de la Delegación al Congreso lleva un contundente mensaje:

El evento electoral sirvió para que el pueblo estadista condenara la traición y la injusticia orquestada desde el Capitolio contra Ricardo Rosselló Nevares durante el verano del 19; precisamente a los mismos que objetaron el nombramiento del Lcdo. Pierluisi como Secretario de Estado. Debe interpretarse que también se emitió un voto de rechazo a quienes en el PNP hicieron causa común con sectores de la izquierda política en Puerto Rico para alterar el orden democrático en el llamado «verano del 19».

El pueblo estadista emitió un desagravio y reconocimiento a Ricardo Rosselló Nevares y su familia. El 16 de mayo del 2021 se cerró un capitulo para iniciar uno nuevo, teniendo como objetivo el logro de la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos de América.